Congreso en modo espera: el freno a las PASO reordena la agenda política

La Libertad Avanza decidió pisar el freno en el Senado con uno de sus proyectos más sensibles: la eliminación de las PASO. Sin los consensos necesarios, el oficialismo optó por postergar el debate de la reforma electoral y concentrarse en una agenda más viable, con foco en iniciativas económicas y judiciales.

El plan es claro: evitar una derrota legislativa y ganar tiempo para negociar con los bloques dialoguistas. La discusión de las primarias quedará en pausa al menos hasta junio, cuando el oficialismo aspire a reunir apoyos mínimos en la comisión de Asuntos Constitucionales. En ese esquema, la Unión Cívica Radical aparece como un actor clave: no respalda la eliminación de las PASO, aunque sí propone modificaciones, como hacerlas optativas en casos de lista única y mantener el financiamiento estatal.

Mientras tanto, la prioridad inmediata pasará por otros proyectos. La bancada oficialista en el Senado de la Nación Argentina buscará avanzar con la sanción de leyes vinculadas a deuda externa —en particular el pago a fondos buitres—, la reforma de la ley de Salud Mental y la aprobación de decenas de pliegos judiciales.

Reordenamiento de la agenda y foco en la deuda

El Gobierno necesita enviar señales claras al mercado y a los acreedores. En ese marco, impulsa un proyecto para autorizar el pago de unos 171 millones de dólares a fondos que quedaron fuera de los acuerdos de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. La intención es mostrar voluntad de cumplimiento, incluso si no se llega a la fecha límite prevista.

En paralelo, también avanzará el debate sobre la reforma de la ley de Salud Mental, que introduce cambios en el rol de los equipos interdisciplinarios, refuerza la intervención médica y redefine los criterios para internaciones, incluyendo las no voluntarias en casos de riesgo grave. La discusión se dará en comisiones y será uno de los ejes legislativos de las próximas semanas.

Otro frente abierto es el de los pliegos judiciales. El oficialismo buscará aprobar cerca de 90 designaciones entre jueces, fiscales y defensores, en un proceso que incluye audiencias públicas y que tendrá su punto más sensible en mayo, con postulaciones que ya generan ruido político.

En este escenario, la reforma electoral queda relegada. El oficialismo reconoce que necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, números que hoy no tiene sin acuerdos amplios. Por eso, la estrategia es ordenar prioridades, avanzar donde hay margen y postergar los debates que pueden terminar en derrota. Una lógica pragmática en un Congreso donde cada voto cuenta.