De tesorera a ladrona: quién es la mujer acusada de robar $40 millones del BNA

Un faltante detectado, movimientos que no cierran y pagos personales que coinciden en tiempo y monto con operaciones internas. Sobre esa trama se construyó la imputación contra María Celeste N., la tesorera del Banco Nación de San Pedro que quedó en el centro de una investigación por la presunta sustracción de 40 millones de pesos.

La mujer, de 36 años y con 17 dentro de la entidad, había llegado a un área sensible: la tesorería. Desde allí, según la hipótesis del fiscal federal Matías Di Lello, habría tenido acceso directo al dinero y a los circuitos contables que le permitieron -siempre de acuerdo a la acusación- retirar efectivo y sostener registros que no reflejaban la salida real de fondos.

Para los investigadores, el punto clave no es un único episodio sino una secuencia. La pesquisa describe extracciones desde distintos sectores del tesoro, combinadas con pases contables sin respaldo físico, en un esquema que habría buscado disimular el faltante y mantener un equilibrio ficticio en los registros del banco.

En paralelo, el expediente incorpora un dato que refuerza esa hipótesis: la coincidencia entre esos movimientos y operaciones personales de la imputada. Entre ellas, pagos de tarjetas de crédito que se habrían realizado en simultáneo con maniobras detectadas dentro de la sucursal. En uno de los casos, por unos 16 millones de pesos.

Ese cruce aparece en un contexto financiero complejo. Según los registros analizados en la causa, María Celeste N. acumulaba deudas por más de 90,5 millones de pesos, distribuidas entre bancos, fintechs y entidades de crédito, incluyendo una porción significativa con el propio Banco Nación.

La defensa, sin embargo, rechaza de plano esa reconstrucción. Sus abogadas sostienen que el sistema interno del banco presentaba irregularidades estructurales que hacen imposible asignar responsabilidades individuales. Hablan de claves compartidas, controles que no se cumplían y un circuito donde intervenían múltiples empleados sin delimitación clara de funciones.

También cuestionan el origen del caso. Señalan que el faltante detectado en octubre de 2025 no tiene una trazabilidad concreta y que la imputación se apoya en una cifra que no pudo ser determinada con precisión. En esa línea, afirman que la mujer fue presionada para firmar un faltante que no estaba verificado.