En medio de la creciente tensión entre provincias por el control de recursos estratégicos, dos diputados nacionales vinculados al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentaron en el Congreso un proyecto de declaración para rechazar los dichos de su par riojano, Ricardo Quintela, en torno a los límites territoriales entre ambas jurisdicciones.
La iniciativa lleva las firmas de Nancy Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime Quiroga, quienes responden políticamente al mandatario sanjuanino y buscan respaldar su postura en la disputa.
El texto presentado en la Honorable Cámara de Diputados declara el “más enérgico rechazo” a las declaraciones de Quintela, quien cuestionó la validez de la normativa que fija los límites interprovinciales entre San Juan y La Rioja.
Según el proyecto, el gobernador riojano “desconoce los límites territoriales establecidos en la Ley N° 18.004”, una norma sancionada en 1968 y posteriormente ratificada en 2014 mediante su incorporación al Digesto Jurídico Argentino.
Los legisladores remarcan que se trata de una ley nacional vigente, con más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, que “atravesó todos los gobiernos democráticos” y que, por lo tanto, no puede ser relativizada por declaraciones políticas.
En los fundamentos, los diputados sostienen que los dichos de Quintela implican una “gravedad institucional” al poner en duda una ley sancionada por el Congreso en el ejercicio de sus atribuciones.
Además, advierten que el planteo del mandatario riojano estaría orientado a avanzar sobre recursos naturales que, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, pertenecen a la provincia donde se encuentran.
En ese sentido, retoman la postura de Orrego, quien afirmó que San Juan defenderá su territorio “con la ley en la mano”, y subrayan que la normativa vigente no es “un acuerdo de funcionarios”, sino una ley formal del Estado argentino.
El proyecto de declaración se inscribe en un conflicto más amplio entre ambas provincias por el control del denominado proyecto minero Vicuña, uno de los desarrollos más relevantes del país en cobre, oro y plata.
La disputa lleva al menos cinco años y escaló este año con la judicialización del caso. La Rioja solicitó a la empresa operadora un estudio de impacto ambiental integral, argumentando que la actividad podría afectar su territorio, pese a que el yacimiento se encuentra en San Juan, a pocos kilómetros del límite.
La tensión se agravó cuando la Justicia riojana ordenó restricciones de acceso a través del camino de Guandacol, clave para la logística del proyecto.
El eje del conflicto radica en la postura de Quintela, quien sostuvo que el acuerdo limítrofe de 1968 carece de “validez democrática” por haber sido firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
En esa línea, planteó que debería ser el Senado de la Nación el que defina la pertenencia de la zona en disputa, incluyendo áreas cercanas a Ischigualasto.
También remarcó que el conflicto no es solo con la provincia vecina, sino con la empresa a cargo del proyecto, e insistió en la necesidad de contemplar el impacto ambiental sobre La Rioja.
Desde San Juan, Orrego respondió con dureza y afirmó que “el límite lo fijó la ley”, destacando que no existe normativa que obligue a compartir regalías entre provincias.
“El subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos”, sostuvo el mandatario, en una postura que ahora encuentra respaldo explícito en el Congreso a través del proyecto impulsado por Picón Martínez y Quiroga.
Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional.
— Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) April 22, 2026
No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años.
Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los…
La controversia no solo tiene implicancias jurídicas, sino también económicas: el Proyecto Vicuña prevé inversiones cercanas a los 18 mil millones de dólares, lo que lo convierte en un activo estratégico para el desarrollo regional.
En este contexto, el proyecto de declaración presentado en Diputados suma un nuevo capítulo institucional a una disputa que combina intereses productivos, debates sobre federalismo y tensiones políticas entre dos gobernadores peronistas y aliados de distinto signo.
El avance del conflicto en la Justicia y el Congreso anticipa que la discusión por los límites y los recursos naturales seguirá ocupando un lugar central en la agenda nacional.