Gobierno de Córdoba oficializó el protocolo para cobrar operativos por amenazas escolares

El Gobierno de la provincia de Córdoba formalizó este lunes, a través de su publicación en el Boletín Oficial, el nuevo protocolo para el cobro de los operativos derivados de amenazas en instituciones educativas. La medida apunta directamente contra los padres o tutores de los estudiantes responsables de estos hechos.

Esta normativa había sido adelantada recientemente por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y finalmente quedó ratificada mediante una resolución ministerial que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos. El mecanismo administrativo permitirá reclamar formalmente el dinero invertido en cada despliegue.

El objetivo central de la nueva reglamentación es fomentar el uso responsable de los recursos públicos ante las constantes alertas, que en su gran mayoría resultan ser falsas. Estas situaciones obligan al Estado a movilizar personal policial, unidades de explosivos y servicios de emergencia.

El procedimiento administrativo se pondrá en marcha una vez que el Ministerio Público Fiscal culmine su intervención inicial. Dicho organismo será el encargado de identificar fehacientemente a los autores del hecho y determinar quiénes son los adultos legalmente responsables por sus acciones.

Una vez cumplido ese paso, las autoridades provinciales tomarán la posta para determinar los costos operativos de la intervención. Para ello, se elaborará un expediente detallado con todos los registros del despliegue técnico y humano, cuantificando cada gasto incurrido de manera precisa.

Cuando el monto final esté definido, se procederá a intimar a los padres o tutores para que realicen el pago en un plazo perentorio de solo cinco días. Esta notificación administrativa funciona como una instancia previa obligatoria antes de pasar a la instancia de ejecución judicial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que, en caso de que los responsables no cumplan con el pago en el tiempo establecido, se dará intervención inmediata a la Fiscalía de Estado. Este organismo será el encargado de iniciar las acciones legales pertinentes para el recupero de fondos.