Facturas apócrifas y empresas pantalla: la trama que expone el caso Polo Obrero

La causa judicial que involucra al Polo Obrero sumó un nuevo capítulo. El juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral a Leandro Gastón Kebleris y Anahí Rivero, acusados de montar una estructura de empresas “pantalla” para desviar fondos públicos destinados a programas sociales. Ambos serán juzgados junto a Eduardo Belliboni y otros imputados por presunta coacción y fraude contra el Estado.

Según la investigación, Kebleris y Rivero habrían creado la firma Coxtex S.A., una sociedad sin actividad real que fue utilizada para emitir facturas apócrifas. Esos comprobantes justificaban gastos inexistentes ante el Estado en el marco del programa Potenciar Trabajo, lo que permitió encubrir el desvío de fondos hacia otros fines.

El intento de Kebleris de evitar el juicio mediante una reparación económica fue rechazado. Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el magistrado sostuvieron que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados, por lo que el caso avanzará a debate oral.

Empresas fantasma y fondos públicos

La causa detalla que Coxtex S.A. emitió facturas por más de 5,4 millones de pesos en octubre de 2021, simulando la venta de insumos tecnológicos que nunca existieron. Los documentos estaban dirigidos a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, ambas receptoras de subsidios estatales.

En total, el Estado había transferido más de 361 millones de pesos a estas organizaciones para proyectos socioproductivos. Sin embargo, parte de esos recursos habría sido redirigida a actividades político-partidarias y gastos corrientes, según la hipótesis judicial. El perjuicio estimado asciende a casi 50 millones de pesos.

La empresa utilizada para la maniobra no tenía estructura real: no registraba actividad comercial, carecía de bienes y ni siquiera funcionaba en el domicilio declarado. De hecho, la AFIP la había catalogado como firma apócrifa poco después de su creación. Además, los investigadores detectaron que los mismos testaferros fueron utilizados para constituir otras sociedades similares.

Con la elevación a juicio, el expediente entra en una etapa clave. El proceso buscará determinar responsabilidades penales en una causa que combina asistencia social, financiamiento político y uso irregular de fondos públicos, en un contexto donde estos programas siguen bajo fuerte discusión.