IOSFA: la transición queda bajo presión por una deuda que supera los $200 mil millones

La reconfiguración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atraviesa un momento crítico. En medio del cierre del histórico Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), el administrador designado para su liquidación, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, redobló la presión sobre Gendarmería y Prefectura para que salden una deuda millonaria que amenaza con complicar el funcionamiento de las nuevas entidades.

Según documentación oficial, la mora acumulada por aportes y contribuciones supera los $212.000 millones. De ese total, más de $100.000 millones corresponden únicamente a la Gendarmería Nacional, que arrastra irregularidades en la liquidación de aportes desde 2017.

Resistencia de las fuerzas de seguridad

El conflicto escaló en los últimos días luego de que las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— avanzaran con la cancelación de sus deudas utilizando partidas presupuestarias destinadas a salarios. Ese movimiento permitió destrabar pagos a prestadores y enviar una señal de normalización del sistema.

Sin embargo, desde el área de Seguridad la respuesta fue distinta. Tanto Gendarmería como Prefectura se resisten a transferir los fondos necesarios, lo que genera una fuerte tensión interna dentro del esquema estatal.

Desde la administración de la obra social advierten que esta falta de cumplimiento se convirtió en el principal obstáculo para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas en distintas regiones del país.

Un sistema dividido en dos estructuras

La crisis se da en el marco de una profunda reforma impulsada por el Gobierno, que dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevos organismos. Por un lado, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), destinada a militares y personal civil. Por otro, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que agrupa a efectivos de Gendarmería y Prefectura.

El proceso implica el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, en una transición compleja que requiere recursos financieros para evitar el colapso del sistema.

Prestaciones en riesgo y señales a los prestadores

Uno de los principales temores es el impacto sobre clínicas, hospitales, laboratorios y profesionales que dependen de los pagos de la obra social. En los últimos días, el IOSFA residual logró cancelar deudas en provincias como Tucumán por casi $2.000 millones, gracias a los aportes de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, desde el sector reconocen que esos pagos aún son insuficientes para garantizar la confianza de los prestadores, quienes observan con cautela la evolución del conflicto.

La continuidad del sistema depende, en gran medida, de que se regularicen los flujos de financiamiento y se evite una nueva acumulación de deuda.

Un conflicto que trasciende lo administrativo

Más allá de lo técnico, la disputa deja al descubierto tensiones políticas entre áreas del Gobierno. Mientras el Ministerio de Defensa busca ordenar el sistema y cerrar el capítulo del IOSFA con cuentas saneadas, la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad introduce un elemento de incertidumbre que podría derivar en mayores complicaciones.

En ese contexto, el reclamo del administrador no solo apunta a recuperar fondos, sino también a garantizar la viabilidad de un esquema que brinda cobertura a miles de efectivos y sus familias.

La resolución del conflicto será clave para evitar un deterioro en la calidad del servicio y para sostener un sistema que, en plena transición, depende de decisiones urgentes y coordinadas.

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