El Gobierno nacional lanzó una ofensiva administrativa contra las autoridades de las universidades nacionales en medio de una nueva semana de paros docentes. A través del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo estableció un plazo de 48 horas para que las instituciones informen cómo garantizarán la actividad académica frente a las medidas de fuerza gremiales. La advertencia es directa: si no hay clases, la Casa Rosada revisará el envío de los recursos presupuestarios.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias envió este lunes una notificación formal a los rectores de todas las universidades nacionales demandando información fehaciente sobre las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación. El documento, firmado por Alejandro Álvarez, otorga un "término perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas" para remitir un informe detallado.
En el día de hoy reclamamos a las Universidades Nacionales que informen qué medidas están tomando para garantizar que los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza puedan dictar clases, así como qué modalidades alternativas implementan para que los estudiantes recuperen el… pic.twitter.com/UX62yEF8u8
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) April 27, 2026
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, estableció un plazo perentorio de 48 horas para que los rectores de las universidades nacionales presenten un plan de contingencia detallado que asegure la apertura de los edificios, clases virtuales y el acceso a docentes no huelguistas, advirtiendo que el incumplimiento de estas obligaciones habilitará la revisión de la transferencia de los recursos presupuestarios nacionales.
El requerimiento oficial exige tres puntos clave:
La gestión de Javier Milei vinculó directamente la "plata" universitaria con la presencia de alumnos en las aulas. El subsecretario Alejandro Álvarez fue tajante al señalar que "el sostenimiento financiero por parte del Estado Nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema".
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/RgmcVe588B
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 27, 2026
El Gobierno argumenta que el incumplimiento de estas obligaciones facultaría al Ejecutivo a realizar una "revisión de la asignación, ejecución y transferencia de recursos". Además, la intimación advierte que la omisión de esta información dará lugar a actuaciones administrativas y judiciales, incluyendo la comunicación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
La intimación oficial coincide con el inicio de un cese de actividades total que se extiende desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo. La medida impacta en facultades y colegios preuniversitarios de todo el país, incluyendo la Universidad de Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), La Plata (UNLP) y Rosario (UNR), entre otras.

Los gremios docentes, nucleados en federaciones como CONADU y CONADU Histórica, exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y una recomposición salarial urgente. Según los sindicatos, los sueldos del sector perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo en el último año. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, denunció que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario" y remarcó que el Ejecutivo es el único poder que se niega a acatar los fallos judiciales previos.
El conflicto escaló tras una decisión del juez federal Martín Cormick, quien decidió suspender provisoriamente la ejecución de la ley que ataba el presupuesto y los salarios universitarios a la inflación. Este fallo de primera instancia dilata la implementación de las mejoras logradas por la oposición en el Congreso durante 2025.

Las universidades nacionales confirmaron que apelarán esta decisión el lunes 27 de abril. Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo, bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". Denuncian un desplome real del 45,6% en las transferencias nacionales entre 2023 y 2026.
Instituciones del conurbano bonaerense como la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Arturo Jauretche (UNAJ) y la de Avellaneda (UNDAV) describen un panorama de colapso inminente. En la UNQ, la página oficial instaló un contador que marca el tiempo de incumplimiento gubernamental de la ley, acumulando 188 días este lunes.
La UNAJ, por su parte, declaró la emergencia presupuestaria ante el aumento de la matrícula -sumó 5.000 alumnos en un año- mientras funciona con el mismo presupuesto real de 2023. Las organizaciones docentes denuncian que más de 6.000 proyectos científicos y el trabajo de 25.000 investigadores se encuentran paralizados por falta de fondos.
La disputa está centrada en el incumplimiento de la Ley de Financimiento Universitario aprobada en el Congreso.
TM