En un contexto de creciente tensión política y judicial, Axel Kicillof recibió este lunes en la Casa de Gobierno bonaerense a representantes de las principales centrales sindicales y autoridades laborales provinciales.
El objetivo fue claro: coordinar una respuesta conjunta frente a la reactivación de la reforma laboral a nivel nacional.
La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos y contó con la presencia del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a dirigentes de la CGT y las dos CTA.
El cónclave se produjo días después de que un fallo judicial volviera a habilitar la aplicación de la normativa, reponiendo artículos que habían sido suspendidos.
Durante el encuentro, Kicillof fue contundente en sus cuestionamientos. Señaló que la reforma implica “un intento muy claro de suprimir las facultades de las provincias en materia de fiscalización y control laboral” y advirtió que podría tratarse de medidas inconstitucionales.

Según el mandatario, la normativa impulsada por el Gobierno nacional no solo afecta la autonomía provincial, sino que también debilita los mecanismos de control sobre el cumplimiento de los derechos laborales.
En esa línea, remarcó que la provincia de Buenos Aires continuará defendiendo a los trabajadores y no resignará sus atribuciones frente a lo que calificó como un avance centralista.
El encuentro reunió a figuras clave del sindicalismo, como Hugo Yasky, Héctor Daer y Roberto Baradel, entre otros. También participaron funcionarios laborales de distintas provincias, lo que le dio al evento un carácter federal.
Los gremios coincidieron en que la reforma laboral pone en riesgo derechos adquiridos y limita la capacidad de intervención de los estados provinciales. Además, denunciaron presiones en el ámbito judicial y anticiparon que no darán por perdida la disputa.
Como resultado del encuentro, los participantes elaboraron y firmaron un documento conjunto en el que identificaron 13 puntos críticos de la reforma. Allí expresaron su preocupación por posibles violaciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales.
El texto también reafirma la defensa de las competencias locales en materia laboral y plantea la necesidad de avanzar con acciones coordinadas para frenar la implementación de la ley.
Desde las centrales sindicales adelantaron que impulsarán su declaración de inconstitucionalidad y promoverán medidas de acción directa si la situación lo requiere.
Más allá del rechazo puntual a la reforma, el encuentro dejó en evidencia la intención de construir un frente más amplio entre provincias y organizaciones gremiales. Kicillof habló de consolidar un “polo de resistencia” frente al Gobierno nacional.
En un escenario marcado por el ajuste económico y los cambios en la legislación laboral, la articulación entre actores políticos y sindicales aparece como una estrategia clave para disputar el rumbo de las políticas públicas.
La reactivación de la reforma laboral no solo reabrió el debate jurídico, sino que también encendió una nueva etapa de confrontación política que promete escalar en las próximas semanas.
ND