Una discusión por una transferencia terminó en un hecho confuso con arma de fuego en plena avenida Cabildo. Así lo reconstruyó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 al dar a conocer los fundamentos de la sentencia contra una pareja de origen ruso acusada de irrumpir en una financiera y llevarse dinero en efectivo tras amenazar a los empleados.
El fallo describe una secuencia que comenzó el 29 de agosto de 2024 al mediodía, cuando los acusados ingresaron a una oficina ubicada en el décimo piso de un edificio de Cabildo al 2000. Según tuvo por acreditado el tribunal, ambos actuaron “previo acuerdo de voluntades y distribución de roles” y, mediante el uso de una pistola calibre .380 apta para el disparo, se apoderaron de más de 1,6 millones de pesos, miles de dólares y un dispositivo de grabación de cámaras de seguridad.
La escena fue reconstruida a partir de testimonios de empleados y registros fílmicos. Un trabajador relató que el imputado le apuntó primero al abdomen y luego a la cabeza para obligar a abrir las puertas internas de la oficina. Ya dentro, exigieron dinero, ordenaron a las víctimas que se sentaran y arrancaron el DVR que registraba las cámaras. Antes de huir, lanzaron amenazas de muerte si denunciaban lo ocurrido.
La fuga duró pocos minutos. Un empleado que advirtió la maniobra siguió al hombre por la calle hasta alertar a la policía. Stoudzinski fue detenido dentro de un local comercial, con el arma cargada, municiones, el DVR y parte del dinero en su poder. La mujer fue arrestada horas después en el domicilio que compartían, donde también se secuestraron dólares.
Durante el juicio, ninguno de los acusados declaró ante el tribunal, aunque se incorporaron sus versiones previas. Allí sostuvieron que no habían ido a robar, sino a reclamar un dinero que —según afirmaron— les había sido sustraído en una maniobra vinculada a transferencias internacionales gestionadas a través de contactos en Telegram bajo el nombre “Dólar Belgrano”.
En ese relato, la imputada explicó que su familia en Rusia había enviado cerca de 10.000 dólares para ayudar a su hija a comprar una vivienda en Argentina. Tras una primera operación exitosa, denunciaron que la segunda transferencia “desapareció” y que al intentar reclamar en la oficina fueron ignorados. Según esa versión, la situación derivó en un episodio violento que, sostuvieron, no había sido planificado.
El tribunal, sin embargo, descartó esa interpretación y dio por acreditado el robo con violencia. Los jueces valoraron especialmente los testimonios de las víctimas, las filmaciones de seguridad y el secuestro del arma y el dinero en poder del imputado minutos después del hecho.
La sentencia también tuvo en cuenta que el arma utilizada estaba cargada y en condiciones de disparo, lo que reforzó la gravedad de la conducta. A partir de ese conjunto probatorio, los magistrados concluyeron que se trató de un accionar coordinado y no de una reacción espontánea ante un conflicto previo.
El caso deja expuesta una trama que combinó operaciones informales de dinero, contactos digitales y violencia en un contexto urbano, y que terminó con una condena basada en una reconstrucción que la Justicia consideró sólida frente a una defensa centrada en una supuesta estafa previa.