La denuncia llegó tarde, pero el sometimiento había empezado mucho antes. Durante tres años, una nena fue controlada por un hombre que nunca tuvo contacto físico con ella, pero que logró imponerle una rutina de exigencias, amenazas y abusos a través del teléfono. Esa secuencia fue la que el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Morón reconstruyó para dictar una condena de 20 años de prisión.
El caso se inició formalmente en febrero de 2023, cuando la madre de la víctima tomó conocimiento de la situación tras la intervención de una docente. Hasta ese momento, la adolescente había mantenido en secreto lo que ocurría desde 2020, cuando tenía 12 años y fue contactada por redes sociales por quien se hacía pasar por un joven.

Con el paso de los meses, el vínculo derivó en un esquema de control. El hombre le pidió primero fotos en ropa interior y luego imágenes desnuda. Con ese material en su poder, comenzó a amenazarla con difundirlo si no cumplía nuevas exigencias. También le advertía que podía atacar a su familia.
La presión se volvió constante. La menor continuó enviando contenido sexual y, en una segunda etapa, fue obligada a facilitar datos de tarjetas de crédito de sus padres y a realizar pagos en efectivo y transferencias a cuentas vinculadas al agresor. Todo bajo el mismo mecanismo de intimidación.
El expediente acreditó que el acusado logró sostener ese dominio durante años mediante acciones progresivas que fueron debilitando la capacidad de la víctima para resistirse. La situación se mantuvo oculta hasta que un cambio en la conducta de la adolescente alertó a su entorno.
Una vez radicada la denuncia, la investigación avanzó sobre las comunicaciones y permitió identificar al responsable. El dato que terminó de configurar el cuadro fue que el hombre estaba detenido al momento de los hechos y operaba desde una unidad penitenciaria con un teléfono celular.
En el allanamiento de su celda, los investigadores secuestraron el dispositivo y encontraron una gran cantidad de archivos, entre ellos material de abuso sexual infantil, conversaciones y registros de operaciones económicas.
En el juicio, los jueces consideraron probados delitos que incluyeron abuso sexual agravado, corrupción de menores, producción de material sexual infantil, extorsión y defraudación con tarjetas. Uno de los ejes de la sentencia fue la valoración del sometimiento como elemento central del abuso, aun sin contacto físico.
La resolución puso el foco en la capacidad del acusado para quebrar la voluntad de la víctima a lo largo del tiempo, a través de amenazas y manipulación. Ese proceso, sostenido durante años, fue considerado suficiente para configurar una agresión sexual en los términos del Código Penal.