Tu foto falsa en internet: el proyecto para que la Justicia actúe urgente

Un grupo de legisladores nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para regular y sancionar la violencia digital, con especial foco en el uso de inteligencia artificial para la creación de contenidos falsos o manipulados, conocidos como deepfakes.

La iniciativa lleva la firma de, entre otros, Gabriela Estévez, María Teresa García, Lucía Cámpora y Carlos Castagneto, y busca establecer un marco integral para proteger los derechos de las personas en entornos digitales.

El objetivo: proteger la identidad y la reputación en internet

El proyecto, denominado “Protección Integral contra la Violencia Digital y los Deepfakes”, plantea como eje central garantizar “los derechos y bienes digitales de todas las personas”, con el fin de asegurar su desarrollo en el entorno virtual.

Según la fundamentación, la propuesta apunta a “proteger la dignidad, reputación e identidad de las personas”, frente a prácticas que se han intensificado con el avance de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, los legisladores advierten que los cambios tecnológicos exigen respuestas legislativas urgentes: “proponemos un proyecto de ley (…) con el objetivo de abordar diversas cuestiones fundamentales para garantizar la seguridad y los derechos de las personas en el entorno virtual”.

Qué se entiende por violencia digital

El texto define la violencia digital como toda acción u omisión realizada a través de tecnologías de la información y la comunicación que afecte derechos individuales.

Entre los casos contemplados se incluyen:

• La difusión sin consentimiento de contenido íntimo
• La creación de material falso o manipulado (deepfakes)
• Ataques que afecten la identidad, reputación o libertad en redes

El foco está puesto especialmente en los deepfakes de carácter sexual o íntimo, una problemática que, según los autores, crece a nivel global.

Medidas concretas: qué podría hacer la Justicia

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de herramientas judiciales rápidas para proteger a las víctimas.

Entre las principales medidas se destacan:

• Ordenar el cese inmediato de la agresión digital
• Exigir a plataformas la eliminación de contenidos específicos
• Solicitar el resguardo de datos informáticos como prueba

Además, se garantiza el acceso gratuito a la justicia y el acompañamiento legal especializado, junto con la preservación de evidencia digital mediante pericias técnicas.

Educación y prevención: el rol del Estado

El proyecto también incorpora una dimensión preventiva, al establecer la obligación del Estado de implementar políticas de alfabetización digital.

Esto incluye la incorporación de contenidos educativos sobre el uso responsable de tecnologías y la detección de violencias digitales en el sistema educativo.

Contexto internacional y avances tecnológicos

La iniciativa se inscribe en un contexto global de creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos.

Los autores citan casos recientes en Estados Unidos y Europa, donde se investigaron plataformas por “facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos”, especialmente contra mujeres y menores.

También señalan que estos desarrollos tecnológicos plantean nuevos desafíos regulatorios: “los avances de la inteligencia artificial nos presentan día a día nuevos desafíos”.

Antecedentes en Argentina

El proyecto toma como referencia la llamada “Ley Olimpia” argentina, sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital dentro del marco de protección contra la violencia de género.

En esa línea, los diputados buscan ampliar y profundizar ese enfoque, extendiendo la protección a todos los usuarios y a nuevas formas de agresión digital.