Milei avanza con Belgrano Cargas y define cómo usará los fondos de la venta

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. al definir el destino de los fondos que se obtendrán por la venta de material rodante. A través del Decreto 282/2026, la administración nacional dispuso que esos recursos se utilicen para financiar obras sobre la red ferroviaria que será concesionada.

La medida establece que locomotoras, vagones y otros bienes serán vendidos mediante remates públicos o incluidos en contratos de concesión. El dinero recaudado será dirigido a un fideicomiso específico, con el objetivo de sostener inversiones en infraestructura ferroviaria en el marco del nuevo esquema de gestión privada.

Cómo será el esquema de financiamiento y concesiones

Según el decreto, los fondos ingresarán a una cuenta fiduciaria vinculada al sistema de financiamiento de obras públicas, ya utilizado en proyectos viales y ferroviarios. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, será el encargado de instrumentar la operatoria, definir condiciones y avanzar con las modificaciones necesarias en el contrato del fideicomiso.

Además, la cartera económica deberá establecer el precio de venta del material rodante, tomando como referencia mínima la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El proceso alcanza a todos los bienes actualmente bajo la órbita de la empresa estatal.

En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá incluir en los pliegos de licitación la identificación del material rodante que formará parte de cada concesión, junto con las vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, y sus inmuebles asociados.

El esquema forma parte de una privatización integral basada en la desintegración de la empresa por unidades de negocio. La estrategia oficial apunta a combinar la concesión de infraestructura con la venta de activos, bajo un modelo de acceso abierto que busca atraer inversión privada y reducir el peso del Estado en la operación ferroviaria.

Con esta decisión, el Gobierno intenta reforzar la viabilidad económica del sistema concesionado, permitiendo que los operadores cuenten con ingresos adicionales para financiar obras. Al mismo tiempo, avanza en uno de los procesos de privatización más relevantes incluidos en la Ley de Bases, en un área clave para la logística y el transporte de cargas en el país.