Qué se juega en los alegatos por gasoductos que marcaron la obra pública

El juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a la constructora brasileña Odebrecht entra en su etapa decisiva. El fiscal federal Diego Luciani iniciará la ronda de alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2, en una causa que tiene como principal acusado al exministro de Planificación Julio De Vido.

El expediente investiga supuestas maniobras para direccionar contratos de ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008, en proyectos vinculados a Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS). Según la acusación, funcionarios del área energética habrían intervenido para beneficiar a la empresa en los procesos de contratación.

Las acusaciones y el esquema bajo investigación

Además de De Vido, están imputados el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el exsubsecretario Cristian Folgar y exdirectivos de organismos vinculados al sector, como Cammesa. Todos enfrentan cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que existió un “desvío de la voluntad” en las decisiones administrativas. Entre las pruebas incorporadas figuran reuniones, resoluciones y gestiones internas que, según la acusación, habrían tenido como objetivo favorecer a Odebrecht frente a otros competidores.

El caso se originó a partir de la investigación por el escándalo de Skanska, que reveló el pago de sobornos en obras públicas. A partir de ese expediente, los investigadores detectaron patrones similares en la contratación de los gasoductos, lo que derivó en esta causa específica.

Durante la instrucción, se concluyó que el proceso licitatorio habría sido diseñado para favorecer a la constructora brasileña. Entre los elementos señalados aparece la modificación de condiciones del concurso, la existencia de comunicaciones entre funcionarios y la empresa, y restricciones que limitaron la participación de competidores.

Con el inicio de los alegatos, el juicio entra en su fase final. Será el momento en que la fiscalía exponga su acusación completa y solicite penas, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre obra pública y decisiones políticas en uno de los casos más resonantes de corrupción en infraestructura.