28/04/2026 - Edición Nº1176

Política

Glaciares

Más protección y menos discrecionalidad: cómo impacta la ley en Mendoza

28/04/2026 | Un proyecto en Mendoza propone que el IANIGLA tenga poder vinculante sobre glaciares y zonas periglaciares.



Un grupo de senadores opositores presentó en Mendoza un proyecto de ley para regular la protección de glaciares a nivel provincial, en respuesta a los cambios impulsados por el Gobierno nacional. El eje de la iniciativa apunta a limitar la discrecionalidad política y devolverle centralidad técnica al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La propuesta fue impulsada por legisladores de distintos espacios, entre ellos Félix González, Dugar Chappel y Flavia Manoni, quienes plantean que el organismo científico sea la “autoridad técnica indiscutible” en la identificación y delimitación de áreas glaciares y periglaciares.

El cambio clave: dictámenes obligatorios y vinculantes

El punto central del proyecto establece que toda decisión administrativa vinculada a glaciares deberá contar con un dictamen previo, obligatorio y vinculante del IANIGLA. Esto implica que permisos, concesiones o declaraciones de impacto ambiental podrían quedar automáticamente anulados si no cumplen con ese requisito.

La iniciativa busca revertir uno de los cambios introducidos en la reforma nacional de la Ley de Glaciares, que redujo el rol del organismo y otorgó mayor poder a las provincias. Con ese nuevo esquema, la protección estricta quedó limitada a zonas con “función hídrica comprobada”, lo que abrió margen para actividades como la minería en áreas sensibles.

Además, el proyecto mendocino plantea que, hasta que el IANIGLA emita dictamen, todas las zonas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares deberán contar con el máximo nivel de protección ambiental. También prohíbe que la provincia utilice criterios técnicos distintos a los definidos por el organismo científico.

En el trasfondo, la discusión excede lo ambiental: pone en tensión dos modelos de gestión. Por un lado, uno que prioriza la autonomía provincial en la explotación de recursos; por otro, uno que busca blindar decisiones con respaldo científico para evitar avances sobre reservas estratégicas de agua.

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