La increíble "pyme" que funcionaba en una cárcel: una pizza a $17.000 y una Coca a $25.000

El corazón del esquema no era solo la violencia ni las extorsiones, sino la economía interna. Una denuncia judicial reveló que dentro de un pabellón de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata funcionaba un sistema organizado de venta de productos con precios definidos, producción propia y un circuito de comercialización que alcanzaba a otros sectores del penal.

La investigación, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, se inició tras la presentación de internos del pabellón 16B, quienes describieron con detalle el funcionamiento de una estructura que operaba bajo el control de un detenido apodado “El Tano”. Según el documento, el esquema incluía desde alimentos hasta servicios, con una lógica de mercado interna y márgenes elevados.

Los valores expuestos en la denuncia permiten dimensionar el negocio. Una pizza de muzzarella se vendía a $17.000, una Coca Cola a $25.000, un sándwich de milanesa de carne a $16.000 y uno de pollo a $15.000. Incluso productos más simples como tortas o pastafrolas alcanzaban los $9.000, con una producción estimada en 15 unidades por día.

El circuito no se limitaba a la comida. Un atado de cigarrillos costaba $3.000 y también se ofrecían servicios como peluquería, con un único interno habilitado para cortar el pelo por un precio mínimo de $4.000 o su equivalente en cigarrillos.

La operatoria se sostenía con infraestructura instalada dentro del propio pabellón. Según la denuncia, se utilizaban freezers, heladeras y espacios comunes para almacenar y preparar los productos, mientras que los insumos provenían de sectores internos del penal, como depósitos o panadería.

El esquema, sin embargo, no era voluntario. Los internos denunciaron que debían pagar una “cuota” mensual obligatoria —equivalente a dos paquetes de cigarrillos— para permanecer en el pabellón. Quienes no cumplían eran castigados, trasladados o expulsados a sectores considerados más peligrosos.

Además, se cobraba por el uso del gimnasio, por recibir visitas en espacios comunes y hasta se exigían alimentos o productos como forma de tributo. Ese sistema de recaudación se complementaba con episodios de violencia, amenazas y control sobre trámites judiciales, lo que reforzaba el poder interno de la organización.

La denuncia también menciona actividades paralelas, como la presunta venta de drogas y la realización de estafas virtuales mediante celulares y conexiones WiFi dentro del penal, lo que habría permitido montar un esquema delictivo más amplio.

En ese contexto, la investigación apunta también a una posible connivencia con sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense, que habrían facilitado el ingreso de mercadería y el funcionamiento del circuito interno.

El expediente, que tramita en el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia, continúa en etapa investigativa. La Justicia busca determinar el alcance de la organización y no descarta nuevas medidas en un caso que expone un sistema económico paralelo dentro de una unidad penitenciaria.