Asociación ilícita: la lectura jurídica que complica el caso de Adorni

En la antesala de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, el caso judicial que lo involucra suma una nueva lectura jurídica. En el programa 70-20 Hoy, que se emite por Canal 9 y es conducido por Chiche Gelblung y Mercedes Cordero, la abogada Valeria Carreras elaboró un análisis en el que sostiene que el expediente podría exceder el delito de enriquecimiento ilícito y avanzar hacia una figura más compleja: la asociación ilícita.

La hipótesis de una estructura organizada

Según Carreras, el caso presenta elementos que podrían encuadrarse en el artículo 210 del Código Penal. En su análisis, sostiene que “los tres requisitos encuentran correlato fáctico” para pensar en una asociación ilícita: pluralidad de miembros, organización y finalidad delictiva común.

La abogada describe la existencia de “al menos cuatro actores con roles diferenciados”, lo que, a su criterio, permite inferir una estructura con cierto grado de coordinación. Además, remarca que la reiteración de operaciones —compras inmobiliarias, mecanismos de financiamiento y movimientos patrimoniales— “abona la nota de permanencia y organización”.

En ese marco, advierte que no es necesario que todos los involucrados se conozcan entre sí: “basta con que cada uno sepa que es parte de una estructura orientada a un fin ilícito común”.

 

 

 

 

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El impacto sobre la situación de Adorni

Siempre según el análisis de Carreras, la incorporación de la figura de asociación ilícita modifica sustancialmente el cuadro penal. No solo por la pena prevista —de 3 a 10 años— sino porque pone el foco en la organización en sí misma, más allá de cada hecho puntual.

En esa línea, la letrada sostiene que el expediente “trasciende la figura del funcionario investigado”, ya que incorpora a quienes habrían intervenido en el armado del esquema patrimonial bajo investigación.

La carga de la prueba, otro eje clave

El análisis también retoma el punto de partida del caso: el presunto enriquecimiento ilícito. Allí, Carreras recuerda que se trata de una figura con una particularidad central: “no corresponde al Estado demostrar el origen ilícito del patrimonio, sino que recae sobre el funcionario la obligación de justificar la procedencia lícita del incremento patrimonial detectado”.

Bajo ese criterio, plantea como interrogante central si Adorni puede justificar sus operaciones patrimoniales en función de sus ingresos como funcionario. De no hacerlo, advierte, la figura penal podría quedar configurada.

Los roles bajo la lupa

Otro aspecto que destaca la abogada es la posible participación de terceros como “partícipes necesarios”. En su análisis, incluye a distintos actores que habrían intervenido en operaciones inmobiliarias y financieras, con distintos grados de responsabilidad.

En ese sentido, subraya que la Justicia deberá determinar si esas personas actuaron voluntariamente dentro de un esquema o si fueron utilizadas, lo que modificaría su situación procesal.

Además, introduce una arista tributaria: la posible evasión fiscal derivada de la subdeclaración de valores en operaciones, lo que podría implicar también al comprador como parte de la maniobra.

Un análisis en un momento clave

El planteo de Carreras llega en un momento sensible, con la causa en etapa de instrucción y con medidas de prueba en curso, como el levantamiento del secreto bancario y fiscal.

En ese contexto, su análisis propone una lectura integral del expediente: no solo como un caso de enriquecimiento ilícito, sino como una posible estructura delictiva más amplia.

Como aclara la propia abogada, se trata de calificaciones provisorias, sujetas al avance de la investigación. Pero su enfoque introduce un elemento que, en términos jurídicos y políticos, suma presión sobre el jefe de Gabinete en horas clave.