El sistema de salud en el interior de la provincia de Córdoba ha ingresado en una fase de emergencia administrativa y operativa. Un nutrido grupo de intendentes y jefes comunales escaló este martes su reclamo ante la Legislatura provincial, solicitando una audiencia urgente con los presidentes de todos los bloques parlamentarios. El motivo es la "asfixia financiera" que sufren los hospitales municipales debido a una deuda millonaria y sostenida por parte del PAMI, la obra social nacional de los jubilados, que ha dejado de cubrir prestaciones básicas en las localidades más alejadas de la capital.
Ante la falta de respuestas en las oficinas administrativas de la obra social, los jefes municipales decidieron llevar el conflicto al terreno legislativo. Representantes de localidades como Canals, Monte Maíz, Noetinger y Pueblo Italiano, entre otras, formalizaron el pedido de una "reunión institucional" en la Unicameral cordobesa. El objetivo es exponer cómo la mora en los pagos del organismo nacional está drenando los recursos propios de los municipios, que deben utilizar fondos locales para cubrir la atención de los afiliados nacionales.

La crisis del PAMI en Córdoba detonó una rebelión de intendentes del interior que denuncian deudas millonarias por servicios médicos ya prestados en hospitales municipales, fallas críticas en el sistema de traslados en ambulancia y un colapso en la red de farmacias, lo que motivó a la Legislatura provincial a solicitar formalmente la renuncia del titular de la delegación local, Eduardo Frayre, ante la "falta de respuestas institucionales" para miles de jubilados.
Los firmantes de la petición incluyen a José Ordoñez (Pueblo Italiano), Edgar Bruno (Canals), Jaquelina Ojeda (Colonia Bremen), Luis Trote (Monte Maíz), María Cristina Sanabria (Laborde), Juan Pablo Vassia (Idiazábal), Gustavo Isoardi (Monte Leña), Marcelo Bjorklund (Noetinger), Enrique Méndez Paz (Cintra), José Gigli (Alto Alegre), Graciela Sánchez (Ballesteros), Gustavo Reitano (Morrison), Rodolfo Marguerit (Justiniano Posse), Carla Villanova (Del Campillo), Claudio Medero (Villa Valeria) e Iván Vélez (Ciénaga del Coro).
El malestar político se cristalizó este lunes en la 6ª sesión ordinaria del 148° período legislativo. La Unicameral aprobó un proyecto de declaración, impulsado por el legislador Dante Rossi, que solicita la dimisión de Eduardo Frayre, actual director de la delegación Córdoba del PAMI. El fundamento del pedido radica en la "falta de respuestas ante los perjuicios sufridos por los jubilados".
Durante el debate presidido por la vicegobernadora Myrian Prunotto, se enumeraron fallas que exceden lo financiero: demoras prolongadas en la obtención de turnos, falta de vacunas, desabastecimiento de medicamentos en farmacias y la suspensión de servicios en clínicas privadas por falta de pago. A este escenario se sumó un paro de médicos de cabecera de 72 horas motivado por reclamos salariales, lo que dejó a miles de afiliados sin su primer nivel de atención sanitaria.
La crisis del PAMI no es solo una cuestión de salud; se ha convertido en una pieza central del ajedrez político entre el gobernador Martín Llaryora y los sectores libertarios. Según informes de inteligencia política, el mandatario provincial instruyó a su ministro de Gobierno, Manuel Calvo, para "alambrar" a los intendentes peronistas frente al avance de La Libertad Avanza (LLA), particularmente del diputado Gabriel Bornoroni, quien ejerce un control político sobre la estructura del PAMI en Córdoba.
La estrategia del "cordobesismo" consiste en utilizar el reclamo por la deuda de la obra social como un factor de cohesión territorial. El gobierno provincial estableció un sistema de "semáforo" para asistir a los municipios: en verde están los considerados "familia", en amarillo los que generan dudas y en rojo los que se muestran cercanos a Bornoroni. A cambio de encabezar el reclamo contra el organismo nacional, Llaryora promete bajar fondos para infraestructura sanitaria, como la reciente ampliación del hospital de Marcos Juárez.
Para entender la gravedad del hecho, es necesario comprender el funcionamiento del sistema en los pueblos pequeños. Cuando un jubilado se enferma en una localidad como Idiazábal o Cintra, acude al hospital municipal. Ese hospital lo atiende y luego le factura el servicio al PAMI. Al no recibir el pago de esas facturas, el municipio entra en un bache financiero que le impide comprar insumos básicos o pagar el combustible de las ambulancias.
Los jefes comunales ya habían advertido en abril, con una nota firmada por más de 150 mandatarios, que la situación de los traslados en ambulancia es crítica. "Hay deudas millonarias y fallas en traslados que afectan a adultos mayores", sostiene el documento presentado. La desaparición de prestadores privados y el cierre de clínicas pequeñas en el interior obliga a los municipios a absorber toda la demanda con presupuestos que no fueron diseñados para tal fin.