Cuando el antiperonismo olvida el republicanismo: la ley de financiamiento universitario

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue vetada por Javier Milei en septiembre de 2025 y luego insistida por el Congreso con los dos tercios exigidos por el artículo 83 de la Constitución: Diputados lo hizo el 17 de septiembre y el Senado el 2 de octubre. Con esa secuencia, la ley quedó firme y el Poder Ejecutivo la promulgó el 21 de octubre de 2025 mediante el decreto 759/2025.

En ese mismo decreto, sin embargo, el Gobierno declaró suspendida su ejecución hasta que el Congreso determinara fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. Ahí está el corazón del problema: una ley vigente, promulgada y al mismo tiempo congelada por decisión del Ejecutivo.

La universidad como caso testigo

La ley obliga a actualizar gastos de funcionamiento, recomponer salarios docentes y no docentes, fortalecer becas y sostener programas de investigación. También fija que las paritarias universitarias deben convocarse de manera obligatoria y que la actualización salarial no puede quedar por debajo de la inflación.

El Gobierno decidió no aplicar ese contenido y justificó la suspensión con el artículo 5 de la ley 24.629, que establece que toda ley de gastos queda suspendida hasta que existan partidas presupuestarias si no se previó su financiamiento de manera expresa. Esa fue la doctrina que usó la Procuración del Tesoro y que el decreto presidencial tomó como fundamento para dejar en pausa una norma que ya había atravesado veto, insistencia parlamentaria y promulgación.

La Justicia como último dique

Esa decisión empujó el conflicto a tribunales. El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo y el juez federal Martín Cormick hizo lugar a la cautelar. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la ley.

Los jueces ordenaron al Ejecutivo actualizar salarios y becas conforme a la norma votada por el Congreso. El Gobierno respondió con una apelación y luego con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar suspender la ley otra vez. En otras palabras: la única instancia de resistencia efectiva frente a esa congelación quedó, por ahora, en manos del Poder Judicial.

Los antecedentes y la excepción

La insistencia del Congreso contra un veto presidencial ya era, de por sí, un hecho poco frecuente. La última vez que el Parlamento había rechazado un veto total antes del caso Milei fue en marzo de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, con una ley sobre aranceles al azúcar que terminó siendo promulgada.

Ese antecedente sirve para medir la rareza política de la secuencia. Lo distintivo del presente pasa por otra parte: el Ejecutivo promulgó la ley universitaria y a la vez resolvió que no la ejecutaría hasta nuevo aviso. La combinación entre promulgación formal y suspensión material dejó una zona gris que volvió indispensable la intervención judicial.

El republicanismo como coartada

Durante años, buena parte del antiperonismo se construyó alrededor de una pedagogía republicana bastante insistente: división de poderes, respeto a la ley, control del Ejecutivo, centralidad del Congreso. Ese lenguaje fue parte del ADN gorila en su versión moderna. El mileísmo llegó con otra estética, pero en este punto recorre andamios conocidos y por momentos más ásperos.

El Congreso insistió, la ley quedó firme, el Ejecutivo la promulgó y después decidió que no la iba a aplicar. La escena es bastante más fuerte que una disputa ordinaria entre poderes: el Gobierno se reservó la potestad de obedecer formalmente y desobedecer materialmente.

El peor momento del republicanismo

¿Hubo casos parecidos en el pasado? Sí, hubo demoras en reglamentaciones, vetos, judicialización de leyes y conflictos severos entre poderes. La singularidad de este episodio está en la nitidez del mecanismo: una ley refrendada por el Congreso, promulgada por el propio Presidente y luego suspendida en su ejecución por el mismo Ejecutivo.

Esa secuencia convierte a la ley de financiamiento universitario en un caso testigo de época. La universidad pública quedó en el centro por su peso social y simbólico, pero el problema excede el presupuesto universitario. Lo que está en juego es algo más elemental: si el Poder Ejecutivo puede aceptar en el Boletín Oficial lo que rechaza en los hechos. Ahí, justamente ahí, el viejo republicanismo gorila encuentra su peor espejo.