$LIBRA: qué respondió Adorni al Congreso sobre el supuesto pago de USD 5 millones a Milei

En el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno respondió con mayor nivel de detalle a las preguntas de la Coalición Cívica sobre el caso del criptoactivo $LIBRA, uno de los temas más sensibles entre las más de 2000 consultas elevadas por diputados.

Las respuestas oficiales rechazan la existencia de contratos por millones de dólares, niegan registros de comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave, y vuelven a apoyarse en que gran parte de la información está bajo investigación judicial.

El supuesto contrato por USD 5 millones

Uno de los puntos más concretos planteados por la Coalición Cívica fue la existencia de un supuesto memorando o acuerdo que incluiría pagos por 5 millones de dólares vinculados al proyecto $LIBRA.

La respuesta del Ejecutivo fue directa: “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias” de ese tipo de instrumentos.

Además, el informe desestima el valor de los documentos mencionados públicamente: “La información proviene exclusivamente de filtraciones periodísticas de material agregado a la causa judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.

En la misma línea, se aclaró que no hay registros de contratos, cartas de intención o acuerdos con actores clave del caso como Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis o firmas del ecosistema cripto como Kelsier Ventures, KIP Protocol o CUBE Exchange.

Las personas bajo la lupa: empresarios y operadores

El cuestionario opositor incluyó referencias a varios nombres vinculados al desarrollo y promoción de $LIBRA:

• Mauricio Novelli
• Hayden Mark Davis
• Julián Peh
• Bartosz Lipinski
• Agustín Laje
• Manuel Terrones Godoy

Según el informe, todos ellos fueron objeto de investigaciones administrativas en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores, pero no existe documentación en el Estado que acredite acuerdos formales o beneficios económicos entre estas personas y funcionarios.

Llamadas y mensajes: sin registros oficiales

Otro eje clave fue el de las supuestas comunicaciones entre funcionarios del Gobierno y empresarios del proyecto durante los días 14, 15 y 16 de febrero de 2025, cuando se produjo el lanzamiento y posterior colapso del token.

La respuesta oficial fue categórica: “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”.

El Ejecutivo agregó que los detalles sobre “cantidad de llamadas, horarios, plataformas utilizadas y contenidos de conversaciones” provienen de filtraciones judiciales no verificadas, por lo que no corresponde responder en base a ese material.

Acceso al Presidente y reuniones

Sobre versiones que indicaban pagos o contratos para facilitar reuniones con el Presidente o su participación en eventos, el Gobierno también lo negó: “No existe información sobre la existencia de contratos u ofertas irrevocables entre particulares cuyo objeto hubiera sido facilitar reuniones con el Presidente”.

A su vez, indicó que las reuniones en Casa Rosada y la Quinta de Olivos “fueron registradas conforme los mecanismos institucionales habituales” y ya informadas por vías oficiales.

Pagos, beneficios y facturas: rechazo total

En relación con posibles pagos a funcionarios, el informe sostuvo: “No existe información que acredite tales extremos”.

Incluso se refirió a un caso puntual difundido públicamente: una supuesta factura por USD 250.000 atribuida a Pía Novelli. La respuesta fue que “no existe información al respecto” en los registros oficiales y que, de provenir de filtraciones judiciales, no puede ser validada por el Ejecutivo.

Investigación judicial y límites de la respuesta

El Gobierno insistió en que el caso está en manos de la justicia federal (Causa 574/2025) y que muchas de las preguntas apuntan a elementos que forman parte del expediente.

“No es procedente que el Poder Ejecutivo formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”, señala el documento.

También se remarcó que cuestiones como comunicaciones privadas, eventuales eliminaciones de evidencia o conductas personales de funcionarios deben ser analizadas en sede judicial.

Qué medidas tomó el Gobierno

En paralelo, el informe detalla las acciones adoptadas tras el escándalo:

• Decreto 114/2025 para abrir una investigación administrativa
• Intervención de la Oficina Anticorrupción
• Creación de una Unidad de Tareas de Investigación
• Actuación de la Comisión Nacional de Valores

“El Poder Ejecutivo Nacional adoptó de manera inmediata y proactiva las medidas institucionales a su alcance”, sostiene el texto.

La posición oficial: iniciativa privada y sin aval estatal

Finalmente, el Gobierno reafirmó que el proyecto $LIBRA no contó con respaldo estatal: “El proyecto $LIBRA fue presentado públicamente como una iniciativa privada, sin que el Estado Nacional hubiera avalado, respaldado ni garantizado su funcionamiento”.

Recordemos que la Justicia busca determinar si existió una estafa y corrupción vinculada a la promoción de la criptomoneda.

Todo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje promocionando el token $LIBRA como parte de un proyecto de inversión para emprendimientos locales. El mensaje fue borrado poco después, bajo el argumento de que el mandatario no estaba "interiorizado" en el tema.

En ese sentido, se estima que los inversores sufrieron pérdidas de aproximadamente 251 millones de dólares. Tras la promoción presidencial, el valor de la criptomoneda subió un 1300% para luego desplomarse drásticamente.