El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados a una batería de preguntas sobre su situación patrimonial, posibles irregularidades y su relación con el empresario mediático Marcelo Grandio.
Sin embargo, las respuestas fueron breves, sin ampliaciones ni aclaraciones sustantivas, y en gran medida remitieron a información ya disponible o a otras respuestas del mismo informe.
El tono general confirmó la estrategia que el funcionario ya había adoptado en su última conferencia de prensa: evitar entrar en detalles sobre los puntos más sensibles.
El informe se da en medio de una causa que avanza en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación busca determinar si la evolución de su patrimonio y su nivel de gastos —incluyendo propiedades y viajes— se condicen con sus ingresos declarados. Entre los ejes bajo análisis figuran:
También se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y su entorno.
Ante una de las preguntas más amplias —que pedía detallar la evolución de su patrimonio, ingresos y bienes—, la respuesta fue escueta: “La Declaración Jurada Patrimonial Integral [...] es información disponible para consulta pública”.
El jefe de Gabinete no agregó ningún detalle adicional sobre propiedades, cuentas, activos o ingresos, ni explicó posibles inconsistencias señaladas en el cuestionario.
Además, indicó que los bienes de su cónyuge “se incluyen en el Anexo Reservado [...] que contiene información confidencial”, sin brindar precisiones.
El extenso cuestionario también incluía preguntas sobre:
La respuesta oficial no abordó ninguno de estos puntos en forma directa. En cambio, el informe señala: “La información relativa al patrimonio [...] ha sido evacuada en la Pregunta N° 1780”. Es decir, se limitó a remitir nuevamente a la declaración jurada sin confirmar ni descartar irregularidades.
Sobre los viajes personales —incluidos los investigados por la justicia—, el informe tampoco brindó detalles: “El Estado Nacional no registra costos o erogaciones [...] en los vuelos realizados de carácter personal”.
No se explicó el origen del financiamiento de esos viajes ni si hubo aportes privados, pese a que el cuestionario pedía precisiones sobre acompañantes, gastos y justificación de los desplazamientos.
Otro de los ejes centrales fue la relación de Adorni con el empresario Marcelo Grandio, en particular por contratos estatales y posibles beneficios cruzados.
Ante la pregunta sobre contrataciones en la Televisión Pública, la respuesta fue categórica: “El Sr. Marcelo Grandio no fue contratado por RTA S.A.U.”
No obstante, el informe reconoce la existencia de contratos entre RTA y la firma Imhouse S.A., vinculada al empresario, pero aclara: “No consta intervención alguna del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros”.
El documento también detalla que los contratos con Imhouse se firmaron en distintos expedientes entre 2024 y 2025, pero remarca dos puntos:
Asimismo, se indicó que no existen contrataciones de la firma “+BE”, vinculada a su entorno familiar, con el Estado.
Uno de los puntos más delicados era el financiamiento de un viaje familiar a Punta del Este, donde se investigan posibles pagos de empresas privadas, entre ellas vinculadas a Grandio.
El Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”.
La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.