Viajaban con cápsulas en el cuerpo y pidieron irse del país sin cumplir la pena

El operativo empezó como un control de rutina sobre la ruta, pero terminó con una escena que obligó a intervenir de urgencia. Los pasajeros comenzaron a sentirse mal y, frente a los agentes, admitieron lo que llevaban dentro del cuerpo. Meses después, la causa cerró con condenas y un planteo que abrió otra discusión: si podían evitar la cárcel en el país.

El Juzgado Federal de Garantías de Rafaela condenó a cuatro años de prisión a dos ciudadanos bolivianos por transportar estupefacientes bajo la modalidad de ingesta de cápsulas. La sentencia fue dictada tras la homologación de acuerdos plenos presentados por la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, encabezada por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, con la intervención del coadyuvante Federico Grimm.

Los condenados, Sirilo Quispe Carmona, de 27 años, y Abel Rocha Risco, de 28, fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes, previsto en la Ley 23.737. Ambos aceptaron los hechos, la calificación legal y la pena acordada durante la audiencia realizada ante el juez Aurelio Cuello Murúa.

Además de la pena de prisión efectiva, el fallo incluyó una multa, el pago de las costas procesales y la orden de destruir la droga secuestrada. En el caso de Rocha Risco, el tribunal lo declaró reincidente por una condena previa en Brasil, dictada en abril de 2025 por un hecho similar.

La defensa de ambos imputados intentó que fueran expulsados de manera inmediata hacia Bolivia por razones humanitarias y de vulnerabilidad, sin esperar los plazos previstos por la legislación vigente. El pedido se apoyó en antecedentes jurisprudenciales y en una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que había declarado irregular su permanencia en el país.

Sin embargo, la fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que la expulsión debía analizarse en la etapa de ejecución de la pena, una vez firme la sentencia. También remarcó que la normativa exige el cumplimiento de determinados plazos y advirtió que habilitar una salida anticipada enviaría un “mensaje negativo” frente a delitos graves como el narcotráfico.

El juez coincidió con esa postura y rechazó el pedido al considerar que existía un impedimento procesal para resolverlo en esa instancia, por lo que la cuestión deberá evaluarse más adelante.

El caso se originó el 2 de diciembre de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó un micro de larga distancia en la ciudad santafesina de Ceres. La unidad había partido desde Orán, en Salta, con destino final a Buenos Aires.

Durante la inspección, un can detector marcó el equipaje de uno de los pasajeros y luego a otro de los ocupantes. Ambos comenzaron a manifestar malestar físico y confesaron que transportaban droga ingerida en cápsulas, por lo que fueron trasladados al hospital local.

Los estudios confirmaron la presencia de los envoltorios en sus organismos. En total, expulsaron 185 cápsulas de cocaína, con un peso superior a los 2,4 kilos y una pureza promedio del 85%. Según la fiscalía, esa cantidad podía traducirse en más de 20 mil dosis.