Qué pasa con los comedores tras la nueva habilitación de gastos básicos

El Gobierno nacional avanzó con un cambio en el uso de los fondos destinados a comedores y merenderos al habilitar que parte de esos recursos se utilicen para cubrir gastos operativos básicos. La decisión fue formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Capital Humano. La medida se enmarca en el programa Alimentar Comunidad y establece un nuevo esquema para mejorar el funcionamiento de los espacios comunitarios, en un contexto de alta demanda social y restricciones presupuestarias. El nuevo esquema introduce una flexibilidad que apunta a resolver un problema estructural: los comedores no solo requieren alimentos, sino también recursos mínimos para poder sostener su funcionamiento diario. Qué gastos se podrán cubrir con los fondos El protocolo autoriza a destinar hasta un 6% adicional del monto asignado a alimentos para cubrir gastos de funcionamiento. Entre ellos se incluyen productos de limpieza, insumos básicos y servicios esenciales para el sostenimiento de los comedores. En concreto, se podrán financiar artículos como detergentes, desinfectantes, bolsas de residuos, así como también garrafas, leña, lámparas y otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano. Además, la normativa incorpora la posibilidad de cubrir conectividad, incluyendo internet y datos móviles, junto con gastos administrativos como impresión y envío de documentación. La resolución fija un punto clave: si bien se permite redirigir fondos de funcionamiento hacia la compra de alimentos, queda prohibido utilizar partidas destinadas a alimentos para otros fines. Es decir, el alimento sigue siendo el eje central del programa. Desde el área que conduce Sandra Pettovello sostienen que el objetivo es ordenar y optimizar el uso de los recursos, garantizando mejores condiciones de higiene y operatividad sin desviar el foco de la asistencia alimentaria. El protocolo también establece que todos los gastos deberán ser rendidos y auditados bajo los mecanismos vigentes, en un intento de reforzar el control sobre el uso de fondos en un área sensible del gasto social.