Calvete también se negó a declarar y crece el silencio en la causa ANDIS

El avance de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo de silencio. El lobbista Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este miércoles ante la Justicia, luego de escuchar las nuevas imputaciones en su contra en el expediente que investiga maniobras vinculadas a la compra de insumos de alto costo.

La audiencia se realizó de manera virtual debido a que Calvete se encuentra detenido por otra causa penal. La ampliación de su declaración había sido solicitada por el fiscal Franco Picardi y ordenada por el juez federal Ariel Lijo, pero finalmente el imputado optó por no responder preguntas.

Un rol clave en la estructura investigada

Dentro del expediente, Calvete es señalado como una pieza central del entramado bajo investigación. Según la acusación, actuaba como un “jefe paraestatal”, sin ocupar formalmente un cargo público, pero con capacidad de articulación dentro de la presunta asociación ilícita.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, mantenía vínculos con distintas droguerías y empresas proveedoras de insumos médicos, y habría sido el encargado de gestionar pagos indebidos a funcionarios. El lobbista ya se encuentra procesado en un tramo anterior de la causa.

Antecedentes y condena previa

Calvete cumple actualmente una condena a cuatro años de prisión efectiva por haber integrado, entre 2015 y 2016, una organización dedicada a facilitar la prostitución de mujeres en departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo condiciones contractuales abusivas y a cambio de beneficios económicos por encima de los valores de mercado.

Ese antecedente se suma al cuadro judicial que ahora lo ubica en el centro de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el ámbito estatal.

Un patrón que se repite en los imputados

La negativa de Calvete se produce un día después de que el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el exfuncionario Daniel Garbellini también evitaran declarar ante el juez Lijo, optando en el primer caso por presentar escritos.

La investigación, impulsada por el fiscal Picardi, apunta a un esquema de contrataciones direccionadas que habría movido más de 75.000 millones de pesos dentro del programa Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura médica.

Un sistema bajo sospecha

Según surge del expediente, el mecanismo habría operado mediante un sistema informático implementado en 2024 que permitía simular procesos de competencia entre empresas, aunque las adjudicaciones ya estaban definidas de antemano.

Los datos relevados por la Justicia indican una fuerte concentración de contratos: en el caso de medicamentos de alto costo, más del 90% de las compras habría quedado en manos de dos firmas, mientras que en insumos cardiológicos una sola empresa concentró la mayoría de las órdenes durante meses.

Además, la causa investiga posibles maniobras de lavado de dinero, con fondos que habrían sido canalizados a través de intermediarios y convertidos en activos, incluso criptomonedas. En allanamientos recientes se secuestraron unos 700.000 dólares y documentación considerada clave para avanzar en la investigación.

En total, el expediente involucra a 35 personas, con inhibiciones de bienes sobre 26 individuos y 20 empresas, en un caso que sigue escalando y pone bajo la lupa el manejo de recursos destinados a sectores vulnerables.