El juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, homologó un acuerdo pleno y condenó al abogado Iván Carlos Méndez a seis años de prisión, multa, inhabilitación especial por ocho años para ejercer la profesión y declaración de reincidencia, en una causa en la que se lo consideró parte de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
La investigación determinó que el letrado, de 53 años, utilizaba su rol profesional para mantener activas estructuras criminales comandadas desde cárceles federales por internos de alto perfil. Según la acusación, se entrevistaba con los detenidos y retransmitía directivas a personas en libertad, eludiendo los controles del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
El caso se resolvió mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Matías Mené, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dirigida por el fiscal Diego Iglesias y con intervención del secretario Matías Lucena Vernengo.

Durante las audiencias, realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de abril, la fiscalía expuso pruebas como intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que permitieron reconstruir el rol del imputado dentro de la organización. Méndez reconoció los hechos, su participación y la calificación legal, lo que permitió arribar al acuerdo homologado por el tribunal.
El abogado fue condenado como autor de asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido en banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de armas y municiones, todos en concurso real.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Méndez operaba como un “nexo sistemático” entre los líderes de organizaciones narcocriminales detenidos y sus estructuras externas. Entre los internos con los que mantenía contacto figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, Mario Roberto Segovia —conocido como el “Rey de la Efedrina”—, Martín Lanatta, Uriel Luciano Cantero, César Morán de la Cruz y Cristian Avalle.
La fiscalía sostuvo que el objetivo de la organización era sostener el control de bienes y actividades ilícitas mediante el intercambio de información y la gestión de operaciones desde el exterior. Entre los hechos atribuidos se incluyeron la triangulación de comunicaciones, la intermediación en operaciones inmobiliarias y la participación en la venta de propiedades y vehículos vinculados al patrimonio de los condenados.
En un allanamiento realizado en septiembre de 2025 en el domicilio del abogado, en el barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires, se secuestraron estupefacientes, una balanza de precisión, piezas de un arma de fuego tipo carabina calibre .223 con numeración suprimida, municiones y otros elementos vinculados a la investigación.
La sentencia también dispuso el decomiso y destrucción de droga, armamento y dispositivos electrónicos, así como el decomiso de dinero en efectivo y vehículos que quedaron a disposición de la Unidad de Información Financiera.
Para la fiscalía, la gravedad del caso radica en que las maniobras del abogado permitían a organizaciones de alta peligrosidad mantener su capacidad operativa fuera de los establecimientos penitenciarios, con impacto directo en la seguridad pública.