En el marco del primer informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, uno de los ejes más sensibles del intercambio con la oposición giró en torno al funcionamiento del PAMI y el acceso a medicamentos por parte de los jubilados.
El oficialismo respondió a cuestionamientos vinculados al recorte de coberturas, el aumento del gasto de bolsillo y la situación general de las prestaciones médicas.
Las respuestas, canalizadas a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), buscaron poner el foco en la sostenibilidad del sistema, defender los criterios técnicos aplicados y asegurar que no existe interrupción en la atención.
Una de las principales preguntas (N° 1979) apuntó a conocer cuántos afiliados dejaron de acceder automáticamente a la cobertura total de medicamentos y pasaron a depender de subsidios o trámites excepcionales.
Desde el Gobierno señalaron que las decisiones adoptadas “se sustentan en evaluaciones técnicas y criterios institucionales”, en línea con las facultades del organismo. En ese sentido, se precisó que alrededor de 2.200.000 afiliados no pueden acceder al subsidio social por no cumplir con los requisitos establecidos, aunque ese universo se reduce a aproximadamente 1.600.000 si se considera únicamente a quienes consumen medicamentos de forma habitual.
Aun así, se destacó que estos beneficiarios continúan recibiendo descuentos de entre el 50% y el 80% sobre el precio PAMI, que en promedio es un 25% inferior al valor de mercado. Según el informe, esto forma parte de una estrategia de administración de recursos orientada a garantizar la sustentabilidad del sistema.

Otro de los puntos centrales del cuestionamiento opositor fue el impacto de estas modificaciones en el bolsillo de los jubilados, especialmente en un contexto inflacionario durante 2025 y comienzos de 2026.
La respuesta oficial sostuvo que el organismo realiza un monitoreo permanente del consumo farmacéutico y su impacto económico. En base a datos a enero de 2026, se indicó que “el 66,4% del padrón presenta un gasto de bolsillo inferior al 5% de los ingresos previsionales mínimos”.
Además, se detalló que el 81,3% de los afiliados destina menos del 10% de sus ingresos a medicamentos, el 89,5% menos del 15% y el 94% se mantiene por debajo del 20%.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estos niveles evidencian que la cobertura sigue siendo significativa, al tiempo que justificaron la política de ajuste en medicamentos como una forma de “optimizar el gasto” y redirigir recursos hacia otras áreas críticas del sistema de salud.

El Gobierno defendió la estrategia aplicada al señalar que la administración de los fondos del PAMI tiene como objetivo “el sostenimiento y la mejora de las prestaciones médico-asistenciales”.
En ese marco, explicaron que la reducción del gasto en medicamentos permite fortalecer la red de prestadores, financiar prácticas de alta complejidad e incorporar nuevas tecnologías sanitarias. También se destacó que el cronograma de pagos a prestadores y farmacias se organiza bajo criterios de sostenibilidad financiera, con el objetivo de regularizar pasivos y garantizar la continuidad del sistema.
Otra de las consultas (pregunta N° 1952) estuvo orientada a esclarecer si existían suspensiones en servicios médicos y hospitalarios, incluyendo internaciones, cirugías, consultas, rehabilitación y estudios diagnósticos.
La respuesta del INSSJP fue categórica: “la prestación de los servicios asistenciales se considera de interés público” y su disponibilidad “se encuentra garantizada” en todo el país.
En ese sentido, el Gobierno negó cualquier interrupción en la atención y sostuvo que el sistema continúa funcionando con normalidad en las 24 jurisdicciones.

En relación con la provisión de medicamentos, uno de los temas más sensibles para los afiliados, el informe aseguró que el sistema se encuentra “100% operativo” y que “no se registra ningún corte en el suministro”.
Según detallaron, la red PAMI cuenta con más de 14.000 bocas de expendio en todo el país, que funcionan con normalidad para la entrega de medicamentos ambulatorios.
Asimismo, se indicó que los tratamientos de oncología y otras terapias especiales están garantizados a través de un esquema logístico coordinado, lo que permite asegurar la continuidad de estos tratamientos en todo el territorio nacional.