Deuda de $70.000 millones y demoras: qué reconoció el Gobierno en Discapacidad

En el marco de la presentación del informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el gobierno respondió una batería de preguntas vinculadas al sector de discapacidad, uno de los más sensibles dentro de la política social.

Las consultas apuntaron a la actualización de aranceles, los atrasos en pagos a prestadores, el funcionamiento del programa Incluir Salud y las políticas de inclusión y empleo.

Las respuestas oficiales, elaboradas principalmente por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Capital Humano, buscaron justificar las decisiones adoptadas en base a criterios técnicos, el reordenamiento administrativo y la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema.

Actualización del nomenclador: cómo se definieron los aumentos

Una de las principales inquietudes (pregunta N° 1948) estuvo centrada en la actualización del nomenclador de prestaciones del sistema de discapacidad, fijada por la Resolución 340/2026.

Desde el Gobierno explicaron que el incremento del 5,78% “contempla un cálculo realizado en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026”, en línea con lo establecido por la normativa vigente.

Además, se destacó que el adicional del 20% para la zona patagónica responde a lo dispuesto por la ley y busca contemplar “variables no consideradas en el IPC”.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que “el valor de las prestaciones en discapacidad se mantiene actualizado respecto a la inflación del período”, rechazando así los cuestionamientos sobre un eventual atraso en los aranceles.

Traspaso institucional y rol del Ministerio de Salud

Otro de los puntos abordados fue la reorganización del área de discapacidad tras la disolución de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traspaso al ámbito del Ministerio de Salud.

El Gobierno explicó que, conforme al Decreto 942/2025, “los compromisos y obligaciones asumidos por la Agencia Nacional de Discapacidad estarán a cargo del Ministerio de Salud”, que actúa como continuador institucional.

En esa línea, se remarcó que la actual Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene el cumplimiento de la normativa vigente, recientemente actualizada, y que su estructura fue reorganizada mediante nuevos decretos en 2026.

Demoras en pagos: reordenamiento y auditorías

Uno de los ejes más críticos del debate fue el atraso en los pagos a prestadores, particularmente en el marco del programa Incluir Salud (preguntas N° 203 y 366).

El Ministerio de Salud reconoció las demoras, pero las atribuyó a un proceso de “reordenamiento estructural del área, orientado a corregir desvíos acumulados”.

Según se explicó, la intervención detectó “circuitos administrativos fragmentados, debilidades en los mecanismos de control y una limitada trazabilidad del gasto”, lo que derivó en una revisión integral de los procesos de auditoría, autorización y liquidación.

El Gobierno subrayó que “estas demoras no responden a una reducción de la cobertura ni a una desatención de las personas con discapacidad, sino a una decisión de política pública orientada a ordenar, transparentar y hacer sustentable el sistema”.

Deuda con prestadores: más de $69 mil millones

En cuanto al estado de deuda del programa Incluir Salud, el informe detalló cifras concretas para el período comprendido entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según los datos oficiales, el monto total adeudado asciende a $69.559 millones, con un incremento progresivo mes a mes y un total de 770 prestadores afectados hacia febrero de 2026.

El Ejecutivo indicó que el programa “se encuentra avanzando en la regularización progresiva de los pagos” y que durante la última semana de abril se dio continuidad a los desembolsos correspondientes a noviembre y diciembre.

Además, se destacó la existencia de ámbitos de diálogo como el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, donde se analiza la situación del sector con participación de las provincias y organizaciones de la sociedad civil.

PAMI e Incluir Salud: situación de pagos

En respuesta a otra de las consultas, el Gobierno aseguró que el PAMI “no adeuda pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas”, diferenciando su situación de la del programa Incluir Salud.

De esta manera, el oficialismo buscó despejar dudas sobre un posible incumplimiento generalizado en el sistema, circunscribiendo los problemas al proceso de normalización administrativa en el programa federal.

Talleres protegidos: alcance y límites del modelo

El informe también incluyó información sobre políticas de empleo para personas con discapacidad, en particular los Talleres Protegidos de Producción (pregunta N° 365).

Según los datos oficiales, en abril de 2026 hay 238 talleres en funcionamiento, con una participación de 6.972 personas en 2024 y 6.786 en 2025.

El presupuesto ejecutado fue de más de $2.100 millones en 2024 y $2.032 millones en 2025. Además, se fijó una ayuda económica mensual de $143.890 desde enero de 2026.

El propio Gobierno reconoció que “la transición hacia el empleo competitivo o formal ha sido limitada” y que, en la práctica, estos espacios funcionan muchas veces como una alternativa permanente.

No obstante, defendió el esquema al señalar que se trata de un programa que combina objetivos productivos con “adaptación laboral y social”, acompañado de asistencia técnica y financiamiento.

Vida independiente: foco en capacitación y cambio de paradigma

Otro eje relevante (pregunta N° 368) fue el desarrollo de políticas orientadas a garantizar la vida independiente y la inclusión plena de las personas con discapacidad, en línea con estándares internacionales.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que se están implementando “políticas públicas transversales diseñadas para asegurar el derecho a vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad”.

Entre las principales acciones, se destacaron programas de capacitación dirigidos a funcionarios, el Poder Judicial, familias y equipos técnicos, con el objetivo de promover un enfoque basado en la autonomía y la autodeterminación.

El Gobierno explicó que estas iniciativas buscan “asegurar un cambio de paradigma dentro de las estructuras estatales” y fortalecer el sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.