Prometían ganancias en una app falsa y movían el dinero por cuevas y criptomonedas

La investigación empezó con una simple denuncia y terminó revelando un circuito mucho más amplio. Detrás de una plataforma que simulaba inversiones y mostraba rendimientos inexistentes, una organización montó un esquema de estafas virtuales que combinaba criptomonedas, empresas fantasma y cuevas financieras para ocultar el dinero.

El caso se originó en 2023 en la ciudad de Puerto Madryn, cuando una mujer denunció haber invertido más de 100 millones de pesos. Durante un mes, el sistema le mostraba ganancias, pero cuando intentó retirar el capital, los responsables comenzaron a justificar demoras con supuestas restricciones del Banco Central. El dinero nunca fue devuelto.

A partir de esa denuncia, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, coordinó una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de la banda y su expansión en distintas jurisdicciones.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, que logró identificar un entramado que operaba a través de distintas fachadas. Los imputados ofrecían inversiones en sociedades inexistentes o en empresas reales que cotizan en bolsa, mientras utilizaban una aplicación propia para simular movimientos financieros.

El circuito se completaba con la llamada “ruta del dinero digital”, mediante la cual los fondos obtenidos eran convertidos en criptoactivos o canalizados a través de inmobiliarias, agencias de turismo y estructuras que funcionaban como cuevas financieras. También se detectaron maniobras como la compra de vehículos y la importación de electrodomésticos para su posterior reventa.

El despliegue operativo incluyó 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En los procedimientos se incautaron más de 172 mil dólares en efectivo, seis millones de pesos y criptoactivos valuados en unos 80 mil dólares, además de vehículos, cheques, dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa.

La organización estaba integrada por dos familias y al menos ocho de sus miembros quedaron imputados. Uno de ellos fue detenido debido a que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.

Los procedimientos se realizaron en oficinas y domicilios que operaban bajo la apariencia de agencias de viajes y casas de cambio, pero que funcionaban como centros de operaciones del grupo.

Hasta el momento, se contabilizan 200 damnificados en todo el país, aunque los investigadores estiman que ese número podría aumentar a partir del análisis del material secuestrado en los allanamientos.