Dólares y una contadora de billetes: una banda movió casi $20 millones en menos de dos meses

Dos investigaciones paralelas, desarrolladas con pocos días de diferencia, permitieron desarticular en Azul dos organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes y dejaron al descubierto un esquema que combinaba venta minorista, provisión regional y maniobras financieras para sostener la actividad ilegal.

Las causas fueron impulsadas por la Sede Fiscal Descentralizada Azul, a cargo de la fiscal federal María José Buglione, con intervención del auxiliar fiscal Lucas Moyano, y tramitadas ante el juez federal de Garantías Gabriel Di Giulio. En total, diez personas quedaron detenidas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes.

En uno de los expedientes, iniciado en octubre de 2025, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que operaba en Azul y otras localidades de la región, pero que tenía un rasgo distintivo: estaba dirigida desde el interior de una unidad penitenciaria.

Según la pesquisa, el presunto líder se encontraba alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense y, a pesar de estar detenido por una causa similar, coordinaba la actividad de la banda a través de su entorno cercano. Familiares y allegados cumplían funciones vinculadas con la provisión, el fraccionamiento y la distribución de la droga, mientras que otros integrantes se encargaban de la venta al menudeo en distintos puntos de la ciudad.

La investigación también detectó un circuito de lavado de activos. En ese esquema, un policía bonaerense retirado habría intervenido como intermediario financiero, recibiendo dinero en efectivo y convirtiéndolo en dólares para sostener la operatoria.

Con las pruebas reunidas, el 17 de abril se realizaron nueve allanamientos simultáneos en Azul, Olavarría, Laprida y en el propio establecimiento carcelario. En los procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, y fueron detenidas siete personas. Días después, la Justicia convalidó las detenciones y dispuso la prisión preventiva por 30 días, además de reforzar las restricciones sobre el principal acusado dentro del penal.

En paralelo, una segunda investigación, iniciada en noviembre a partir de una denuncia anónima, permitió desarticular otra estructura vinculada al narcomenudeo. En este caso, la pesquisa se centró en una mujer que operaba desde su domicilio en Azul, donde se detectaron movimientos compatibles con la venta de drogas.

Las tareas de inteligencia incluyeron intervenciones telefónicas y análisis de movimientos bancarios que revelaron operaciones por cerca de 20 millones de pesos en menos de dos meses. Los investigadores identificaron además a dos hombres radicados en Olavarría, señalados como posibles proveedores, quienes registraban transferencias y antecedentes vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos en esta causa se realizaron el 22 de abril y permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y teléfonos celulares. Tres personas fueron detenidas y posteriormente imputadas.

En la audiencia de formalización, el juez dispuso la prisión preventiva por seis meses para la principal imputada y uno de los acusados, mientras que el tercero deberá cumplir reglas de conducta. Además, se fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la investigación.

Las dos causas, tramitadas en paralelo, dejaron expuesto un entramado que combinaba estructuras familiares, vínculos regionales y conexiones con personas privadas de la libertad, en un esquema que permitía sostener la comercialización de estupefacientes en el centro de la provincia de Buenos Aires.