El Gobierno logró un respaldo decisivo y busca 950 retiros voluntarios en INTA

El Gobierno nacional dio el último jueves un nuevo paso en su estrategia de más ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al conseguir el respaldo del Consejo Directivo para avanzar con un esquema de retiros voluntarios que podría alcanzar a cerca de 950 trabajadores.

La iniciativa, promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, responde a lineamientos del Ministerio de Economía de Luis Caputo y requería del acompañamiento del Consejo, donde confluyen representantes del sector público y de entidades agropecuarias.

Según indicaron fuentes sindicales a Newsdigitales, el cuerpo ya se pronunció a favor de la propuesta, aunque resta la formalización administrativa por parte de la conducción del instituto.

Tras una primera avanzada en 2024 en la que cerca de 300 empleados aceptaron retiros voluntarios, la gestión libertaria apuesta a una segunda reducción de personal más profunda.

El objetivo oficial es reducir en torno al 20% la planta total, actualmente compuesta por unos 5.800 empleados, en línea con la política de ajuste del gasto público que impulsa la Casa Rosada.

El trasfondo de la medida remite a un proceso más amplio de reconfiguración del INTA, en medio de cuestionamientos de distintos sectores que advierten sobre el desguace del organismo.

Alcance del plan y condiciones

El programa de retiros voluntarios está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente con al menos tres años de antigüedad en esa condición.

La propuesta contempla el pago de una compensación extraordinaria equivalente a 1,5 del salario mensual por cada año de servicio, con límites que varían según la edad del agente y su cercanía a la jubilación.

El beneficio se abonaría en un único pago y, de acuerdo a estimaciones oficiales, implicaría un desembolso significativo. Solo en concepto de gratificaciones, el gasto proyectado asciende a unos 45.900 millones de pesos.

Impacto fiscal y meta oficial

Desde el Ejecutivo apuntan a que unas 950 personas adhieran al esquema, lo que representaría una reducción importante de profesionales y empleados del organismo.

En total, el costo de implementación del plan rondaría los 101 mil millones de pesos, contemplando los distintos componentes del programa.

La apuesta oficial es que el retiro voluntario permita achicar la estructura sin recurrir a despidos masivos, aunque el nivel de adhesión será determinante para medir su efectividad.

Objeciones sindicales

Desde los gremios surgieron cuestionamientos al diseño del programa al considerar a los retiros voluntarios como una política de despidos encubiertos.

Sobre el esquema de retiros voluntarios advirtieron particularmente en lo referido al cálculo de la antigüedad. Según señalaron, solo se computarán los años trabajados en planta permanente, dejando afuera los períodos bajo modalidades transitorias o becarios.

Gremios de ATE y APINTA contra el ajuste en el INTA 

Esta condición podría desalentar la adhesión de parte del personal, ya que no vería reflejada la totalidad de su trayectoria laboral en la compensación ofrecida.

Un debate de fondo

La implementación de los retiros voluntarios se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del INTA.

Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de “ordenar” el organismo y optimizar recursos, sectores críticos advierten sobre el riesgo de afectar su capacidad operativa y su presencia territorial.

La medida llega precedida de un reciente cierre de otras 14 agencias de extensión en Buenos Aires y Córdoba y la venta de activos importantes, entre ellas la polémica subasta de su edificio central en Palermo.

En ese marco, la medida aparece como un punto clave dentro de un proceso de redefinición que genera tensiones entre la conducción del instituto, los trabajadores y el entramado productivo vinculado al sector agropecuario.