El diputado nacional Marcelo Mango presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Joven en la Región Patagónica, con el objetivo de incentivar la inserción laboral formal de personas de entre 18 y 29 años.
La iniciativa apunta a abordar uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: las dificultades de acceso al primer empleo, especialmente en regiones con características particulares como la Patagonia, donde el costo de vida es más elevado y las oportunidades laborales son más limitadas.
Según los fundamentos del proyecto, el desempleo juvenil duplica los niveles generales y la informalidad afecta a una proporción significativa de los jóvenes, lo que genera trayectorias laborales precarias y sin derechos.
El régimen está destinado específicamente a jóvenes que residan en las provincias de:
Podrán acceder aquellos que:
El proyecto pone especial énfasis en el primer empleo formal, considerado clave para definir el futuro laboral de las personas jóvenes.
Uno de los ejes centrales es la creación del Sistema Patagónico de Inserción Laboral Joven (SPILJ), una herramienta de gestión integral que permitirá:
Además, el esquema prevé una fuerte articulación entre el Estado, empresas, universidades y centros de formación profesional para garantizar capacitaciones vinculadas a la producción regional.
Los jóvenes deberán cumplir con al menos 50 horas anuales de capacitación certificada, reforzando la conexión entre educación y empleo.
El régimen está orientado al sector privado, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), consideradas el motor del empleo en la región.
Para acceder, los empleadores deberán estar registrados y al día con sus obligaciones previsionales. Además, no haber realizado despidos sin causa recientes y no figurar en el registro de sanciones laborales (REPSAL).
Además, se establecen límites de contratación bajo este esquema:
Uno de los puntos más relevantes del proyecto son los incentivos económicos para las empresas, que buscan compensar el costo de contratar trabajadores sin experiencia.
El régimen prevé una reducción progresiva en los aportes al sistema previsional (SIPA):
Incluso, el beneficio podría extenderse hasta 54 meses en función de la reglamentación.
Las empresas también podrán computar como crédito fiscal hasta el 50% de las remuneraciones pagadas a los trabajadores incorporados bajo este régimen.
Este esquema busca generar un incentivo directo a la contratación, reduciendo la carga impositiva y mejorando la competitividad empresarial.
Por otro lado, la iniciativa incluye mecanismos para evitar abusos: prohíbe la sustitución de trabajadores existentes, impide la rotación artificial de personal y garantiza todos los derechos laborales y previsionales.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Capital Humano, que tendrá a su cargo la implementación, control y evaluación del régimen.