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01/05/2026 - Edición Nº1179
Política
Senado
Tarifa diferenciada en el Norte Grande: cuánto bajaría la luz en 10 provincias
01/05/2026 | La propuesta fue presentada por Jorge Capitanich. No es el primer proyecto con esta temática. Quiénes quedarían afuera.
Las altas temperaturas figuran entre los argumentos del proyecto.
El senador Jorge Capitanich presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone crear un régimen federal de tarifa diferenciada de energía eléctrica para las provincias del Norte Grande.
La iniciativa busca reducir el costo del servicio para hogares y entidades, en un contexto de fuertes subas tarifarias y desigualdades estructurales entre regiones.
Un régimen permanente con enfoque federal
El proyecto establece la creación de un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”, con carácter permanente.
El objetivo es garantizar el acceso al servicio eléctrico en condiciones más equitativas, teniendo en cuenta las particularidades climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región.
El Norte Grande está integrado por diez provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Cómo funcionaría la tarifa diferenciada
El esquema propone descuentos directos sobre el precio mayorista de la energía eléctrica, aplicados a la totalidad del consumo sin límites de kilovatios hora (kWh).
Los beneficios serían:
- 50% de reducción para usuarios residenciales de ingresos bajos
- 35% de reducción para usuarios residenciales de ingresos medios
- 35% de reducción para entidades de bien público, con posibilidad de ampliación
A diferencia de otros sistemas, no se fijan topes de consumo subsidiado, lo que implica que el beneficio se aplica sobre todo el consumo registrado en cada factura.
Además, el proyecto establece que los aumentos tarifarios no podrán superar la evolución de los salarios (CVS) en el caso de hogares, lo que introduce un mecanismo de protección frente a subas abruptas.
También se prevé IVA 0% para usuarios sin acceso a gas natural, reforzando el enfoque en regiones con alta dependencia eléctrica.
Quiénes serían los beneficiarios
El régimen alcanza a tres grandes grupos:
- Usuarios de ingresos bajos: incluye hogares con ingresos menores a una canasta básica total, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad o veteranos de guerra, entre otros criterios.
- Usuarios de ingresos medios: aquellos que no encuadren como vulnerables pero tampoco superen ciertos niveles de ingresos o patrimonio.
- Entidades de bien público: organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades sociales, educativas o comunitarias.
Salta, una de las provincias del Norte Grande
Requisitos y exclusiones
El proyecto también fija criterios de exclusión para evitar que accedan sectores de alto poder adquisitivo. Quedan fuera quienes:
- Superen 3,5 canastas básicas totales de ingresos
- Posean tres o más inmuebles o vehículos recientes
- Tengan aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios relevantes
Estos parámetros buscan focalizar el subsidio en quienes realmente lo necesitan.
Los fundamentos: clima, desigualdad y tarifas
El proyecto se apoya en una serie de argumentos estructurales. Entre ellos:
- Altas temperaturas que elevan el consumo eléctrico
- Baja cobertura de gas natural, que obliga a usar electricidad
- Niveles de ingreso inferiores al promedio nacional
- Mayor peso de la energía en el gasto de los hogares
El texto también señala que, desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas registraron aumentos por encima de la inflación y los salarios, con impactos más severos en el Norte Grande.
Antecedentes: una demanda con amplio recorrido
La iniciativa no surge de manera aislada. El propio proyecto reconoce que retoma y unifica propuestas previas presentadas en el Senado en los últimos años.
Entre ellas, se destacan proyectos de distintos legisladores que ya planteaban:
- Segmentación de usuarios por ingresos
- Límites a aumentos tarifarios
- Esquemas de subsidios regionales
Además, existen antecedentes parlamentarios desde al menos 2015 que apuntan a establecer tarifas diferenciales para el Norte Grande, lo que refleja un consenso sostenido sobre la necesidad de corregir asimetrías regionales.
