El Gobierno decidió cambiar de estrategia frente al caso de Manuel Adorni. Después de varias semanas de respuestas parciales, comunicados escuetos y respaldo puramente gestual, la Casa Rosada empezó a construir una defensa más activa del jefe de Gabinete.
El punto de inflexión fue su presentación del martes en la Cámara de Diputados, donde dejó por escrito y en el recinto una versión de los hechos sobre su patrimonio, sus viajes y las causas que lo rodean. En el informe de gestión N°145, de más de 1900 páginas, respondió preguntas sobre su departamento, sus declaraciones juradas y los expedientes judiciales abiertos en su contra.
La exposición de Adorni en el Congreso fue el primer movimiento claro de esa ofensiva. Llegó acompañado por Javier Milei, Karina Milei y una parte importante del gabinete, en una escena pensada para mostrar respaldo político.
Durante la sesión evitó dar precisiones sobre algunos puntos patrimoniales y se remitió a las investigaciones judiciales en curso, pero al mismo tiempo fijó una línea de defensa: dijo que nunca ocultó su patrimonio, que todo está declarado y que el Gobierno “solo se debe a la gente común”.
La presencia del núcleo duro del oficialismo en el recinto reforzó la idea de blindaje y convirtió la exposición en una demostración de apoyo institucional.
La segunda señal llegó pocas horas después. El Gobierno confirmó la reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada y anunció el regreso de Adorni a las conferencias de prensa. La decisión se conoció tras una semana de cuestionamientos por el cierre del acceso a Balcarce 50 y en medio de críticas opositoras por los embates contra la prensa.
La conferencia prevista para el lunes completa el giro: el Ejecutivo pasa de evitar el tema a volver a poner a Adorni delante de los micrófonos, esta vez con la intención de hablar y no sólo de resistir.

En esa nueva narrativa, Adorni dejó de aparecer sólo como funcionario bajo sospecha y empezó a ser presentado como blanco de una persecución. El propio martes, después de la sesión, acusó al peronismo de haber usado información “de dudosa procedencia” sobre él y sobre su familia.
En particular puso el foco en la intervención del diputado Rodolfo Tailhade, a quien señaló por haber detallado el itinerario cotidiano de su esposa con “un nivel de precisión sospechoso”. Esa acusación abrió un frente nuevo: el Gobierno empezó a evaluar una denuncia formal contra Tailhade, con el argumento de que se habría cruzado un límite al exponer datos personales y familiares.
Ese movimiento le permite al oficialismo desplazar parcialmente el eje de la discusión. La pregunta deja de girar solamente alrededor de las propiedades, los vuelos o el patrimonio de Adorni y empieza a incluir la forma en que la oposición consiguió y difundió esa información.
El nuevo enemigo, en el relato oficial, aparece encarnado en Tailhade y en el peronismo parlamentario, presentados como actores que “espiaron” al jefe de Gabinete y a su familia. Con ese giro, el Gobierno busca dos efectos al mismo tiempo: reforzar la idea de inocencia de Adorni y correr la discusión hacia métodos y motivaciones de quienes lo acusan.

La secuencia de esta semana muestra un cambio bastante ordenado. Primero hubo reuniones, abrazos y fotos. Después vino la presentación en Diputados con respuestas por escrito y en el recinto. Luego se anunció la reapertura de la sala de periodistas y el retorno de las conferencias.
Finalmente apareció la hipótesis de una denuncia contra Tailhade y la explicitación de un relato donde Adorni y su familia quedan ubicados como víctimas de una operación política. Todo eso indica que la Casa Rosada dejó atrás la etapa de contención pasiva y eligió pasar a una defensa política más completa, con exposición pública, argumento propio y un adversario identificado.
La apuesta del Gobierno es bastante visible: sostener a Adorni, darle voz, devolverlo al centro de la escena y reconstruir alrededor suyo una legitimidad que en las últimas semanas se había apoyado casi exclusivamente en el respaldo de Milei y Karina. Queda por ver si esa nueva fase logra estabilizar su situación o si la ofensiva comunicacional se topa con el avance de las causas judiciales.
Por ahora, el cambio de tono ya está hecho: Adorni volvió a hablar, volvió a ocupar el centro del dispositivo oficial y el Gobierno eligió convertir su caso en una pelea política abierta.