El Gobierno nacional diseña una maniobra estratégica para dotar a las Fuerzas Armadas de un financiamiento que no dependa del Tesoro Nacional. Esta decisión vincula directamente el proceso de privatizaciones con la compra de armamento y tecnología militar de punta. La medida busca romper la dependencia exclusiva del presupuesto anual para las mejoras en Defensa.
La iniciativa asoma en un momento de extrema fragilidad interna para los uniformados de todo el país. Mientras los planes oficiales miran hacia el horizonte supersónico, la salud y el bolsillo de la familia militar atraviesan un colapso operativo.
El presidente Javier Milei prepara un decreto para asignar fondos de las ventas de activos estatales al reequipamiento militar. El esquema prevé asignar el 10% de lo que el Estado obtenga por futuras ventas de empresas públicas y concesiones. Además, el 70% de los recursos que ingresen por ventas de bienes de las propias fuerzas irá directo a sus arcas.

Este mecanismo inédito busca crear una caja propia para los militares, permitiendo que la modernización del Ejército, Armada y Fuerza Aérea avance al ritmo de reducción Estado, salteando las restricciones el ministro Economía impone al resto de las carteras.
La iniciativa surgió del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de financiamiento estable para recuperar capacidades perdidas. El texto ya superó las instancias técnicas y recibió el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica. Hasta este cambio, todos los recursos de privatizaciones terminaban en el Tesoro Nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno espera juntar USD 2.000 millones hasta fin de año mediante privatizaciones. Entre las piezas clave aparece Transener, donde un consorcio privado está a un paso de quedarse con el 50% por USD 356 millones. También avanzan los pliegos para la licitación de AYSA, la segunda empresa de agua más grande de la región.

Otras compañías en la lista incluyen a Intercargo, el ferrocarril Belgrano Cargas y las usinas térmicas Manuel Belgrano y General San Martín. El plan contempla la reprivatización de Tandanor y la concesión de represas hidroeléctricas en varias provincias. Incluso la Casa de la Moneda entró en un proceso de reestructuración que incluye la reducción de su plantilla a la mitad.
A pesar de los anuncios de inversión, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) enfrenta una situación financiera asfixiante. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la deuda total del sistema al 31 de marzo ascendió a $248.600.811.333. Este pasivo incluye gastos prestacionales, servicios básicos y préstamos del Instituto de Ayuda Financiera.

La transición desde el antiguo IOSFA hacia la nueva estructura generó incertidumbre en los 523.611 afiliados del sistema. El gremio ATE denunció posibles cierres de delegaciones y centros de atención en todo el país por falta de fondos. Los prestadores mantienen cortes en varias provincias y exigen pagos inmediatos para retomar la atención de alta complejidad.
La situación salarial dentro de los cuarteles llegó a un punto de tensión durante este año. El exjefe del Ejército César Milani advirtió que el 60% del personal está hoy por debajo de la línea de pobreza. Esto obliga a miles de suboficiales y oficiales jóvenes a buscar segundos empleos o "changas" en aplicaciones de transporte para sobrevivir.

Los datos oficiales confirman la brecha: un Cabo Segundo percibe un haber básico de $738.764 en abril de 2026. Sin embargo, el INDEC informó que una familia tipo necesitó $1.434.464 en marzo para no caer en la pobreza. Un Sargento Ayudante, con años de servicio, gana $1.126.261, cifra que todavía no alcanza para cubrir la canasta básica total.
El Gobierno ya definió en qué usará los fondos frescos que ingresen por la venta de las empresas estatales. La prioridad absoluta es la incorporación de los aviones F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca. Esta operación obliga a realizar inversiones millonarias en pistas, simuladores y hangares para que la Fuerza Aérea recupere capacidad supersónica.

También asoman en el horizonte los vehículos blindados Stryker de origen estadounidense para dotar de movilidad táctica al Ejército. Por su parte, la Armada busca financiamiento para recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. La compra de nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico por su elevadísimo costo financiero.
Uno de los proyectos más ambiciosos dentro de esta nueva agenda de Defensa es la base integrada en Tierra del Fuego. El Gobierno considera que esta obra posee un valor geoestratégico central para la vigilancia del Atlántico Sur. Su ubicación permitiría mejorar el control marítimo y reforzar la proyección argentina sobre la Antártida.

La visión oficial sostiene que el extremo sur se transformó en una zona de competencia geopolítica por espacios estratégicos. Por ello, el decreto prioriza la construcción de infraestructura militar en esa provincia como una política de mediano plazo. La base funcionaría como un polo logístico para las tres fuerzas en una zona de tránsito marítimo sensible.
TM