Panamá quedó en el centro de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China tras la cancelación de concesiones portuarias a la empresa hongkonesa CK Hutchison, en una decisión que reconfigura el control de infraestructura clave del Canal. El presidente José Raúl Mulino reconoció que el país está siendo arrastrado por tensiones externas que no controla directamente.
El gobierno sostiene que no se trató de una expropiación, sino del fin de contratos que quedaron sin base legal tras un fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, la medida fue interpretada como resultado de la presión estadounidense para limitar la presencia china en un punto estratégico del comercio global.
El Canal de Panamá maneja cerca del 5% del comercio marítimo mundial, lo que convierte cualquier cambio en sus puertos en un asunto de alcance global. Controlar sus terminales implica influencia sobre rutas comerciales, cadenas de suministro y flujos energéticos entre Asia, América y Europa.
Tras la salida de la empresa china, Panamá entregó la operación temporal de los puertos a compañías vinculadas a Europa y Estados Unidos. La firma afectada inició un arbitraje internacional por más de 2.000 millones de dólares, elevando el conflicto del plano político al legal.

En paralelo, se registró un aumento inusual en inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos, lo que generó preocupación en el gobierno. Estados Unidos y aliados interpretaron estas acciones como presión económica, mientras que China negó represalias y acusó a Washington de politizar el comercio.

Mulino intenta evitar una escalada. Defiende la relación con China, pero también recibe respaldo público de Estados Unidos y socios regionales. El resultado es un delicado equilibrio: Panamá controla su infraestructura, pero no puede evitar quedar expuesto a la rivalidad entre las dos mayores potencias del mundo.