Cecilia Incardona, en la mira por supuestas irregularidades en examen decisivo

Una denuncia penal presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi apuntó contra la fiscal federal Cecilia Patricia Incardona y pidió investigar presuntas irregularidades en el Concurso N.º 461 del Consejo de la Magistratura de la Nación, destinado a cubrir dos cargos de vocales en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Según pudo conocer NewsDigitales a partir del acceso a la presentación judicial, el letrado solicitó que se investigue “la eventual responsabilidad penal” de Incardona ante el presunto de que conoció anticipadamente el contenido del examen, intervino directa o indirectamente en su elaboración, recibió información reservada, omitió excusarse ante un conflicto de interés jurídicamente relevante o se benefició de una ventaja indebida dentro del procedimiento concursal.

El punto central: el “Caso 3” del examen

El eje de la denuncia está puesto en el examen identificado como “Caso 3”, utilizado en el concurso. Castro Bianchi sostiene que ese caso práctico presentaría similitudes llamativas con una causa real por trata y explotación laboral tramitada en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, en la que Incardona intervino como fiscal.

La presentación afirma que las coincidencias no serían meramente generales, sino “estructurales, narrativas y probatorias”. Entre los puntos señalados aparecen la actividad avícola, trabajadores de nacionalidad paraguaya, condiciones laborales precarias, presencia de menores, captación mediante promesas falsas y alojamiento en condiciones indignas.

Para el denunciante, esa acumulación de coincidencias permitiría sospechar que el examen pudo haber sido adaptado a partir de una causa conocida previamente por la postulante.

Una fiscal conocida y una vacante sensible

El nombre de Incardona agrega peso institucional al caso. Se trata de una fiscal federal con actuación en Lomas de Zamora y participación en causas de alto perfil. La denuncia no solo cuestiona su desempeño individual en el concurso, sino que pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema de selección de magistrados.

El planteo cobra mayor impacto porque el concurso estaba orientado a cubrir cargos en una cámara clave del fuero federal porteño. En ese marco, el escrito advierte que cualquier ventaja indebida podría afectar principios básicos como la igualdad entre postulantes, la transparencia del proceso y la confianza pública en la designación de jueces.

El salto del puesto 20 al puesto 3

Otro de los aspectos centrales del escrito es el cambio en el orden de mérito. Según la denuncia, Incardona habría quedado inicialmente en el puesto 20, pero luego avanzó hasta el puesto 3. Para Castro Bianchi, ese salto resulta “sugestivo” al ser analizado junto con las presuntas similitudes entre el examen y la causa real investigada por la fiscal.

El letrado pide que se expliquen las razones, actos, dictámenes y fundamentos que derivaron en esa modificación del ranking.

Los delitos invocados en la presentación

La denuncia plantea que los hechos podrían configurar, prima facie, distintos delitos de acción pública. Entre ellos menciona:

• abuso de autoridad;
• incumplimiento de los deberes de funcionario público;
• violación de secretos;
• negociaciones incompatibles;
• tráfico de influencias;
• falsedad ideológica.

El escrito insiste en que no se trata de una mera discrepancia académica o administrativa, sino de una hipótesis que, de comprobarse, podría comprometer la transparencia del concurso y la legitimidad de la selección de magistrados.

Medidas de prueba solicitadas

Castro Bianchi pidió medidas concretas: remisión completa del expediente del concurso, acceso al texto íntegro del “Caso 3”, identificación de quienes participaron en su elaboración y evaluación, preservación de documentación física y digital, pericia informática sobre archivos vinculados al examen y un cotejo técnico con la causa real tramitada en Lomas de Zamora.

También solicitó que se investiguen posibles vínculos académicos, funcionales, institucionales o profesionales entre Incardona y los integrantes del jurado.

Una denuncia que puede abrir un frente mayor

El caso quedó asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5, bajo el expediente CFP 2060/2026, según surge de la constancia de asignación judicial.

La investigación deberá determinar si las coincidencias denunciadas fueron casuales o si existió una maniobra destinada a favorecer a una postulante en un concurso judicial de máxima sensibilidad. En cualquier escenario, la presentación ya abrió un debate de fuerte impacto: la transparencia en los concursos del Consejo de la Magistratura y los controles sobre quienes aspiran a ocupar cargos estratégicos en el Poder Judicial.