02/05/2026 - Edición Nº1180

Política

Seguridad y control

Tráfico ilegal de armas: del caso Menem al escándalo en el RENAR

02/05/2026 | El caso reactualiza el antecedente del contrabando de armas en los ‘90: otra vez, el Estado bajo sospecha por desvíos del circuito legal al ilegal.



Una investigación federal de alto impacto volvió a poner bajo la lupa un problema estructural que Argentina ya conoció en los años ‘90: el desvío de armas desde el circuito legal hacia mercados ilegales con intervención de estructuras estatales.

El caso, que derivó en 35 detenidos tras más de 130 allanamientos en todo el país, expone cómo una red habría operado utilizando mecanismos administrativos del propio sistema de control —el ex RENAR, hoy ANMaC— para canalizar armamento hacia circuitos clandestinos, en un esquema que remite inevitablemente al antecedente del contrabando a Croacia durante el gobierno de Carlos Menem.

La causa tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Santiago Marquevich, especializado en criminalidad organizada. La investigación fue desarrollada por áreas antimafia de la Policía Federal y apunta a determinar hasta qué punto el sistema fue vulnerado desde adentro.

Testaferros, gestores y empleados

El núcleo de la maniobra investigada revela un esquema sofisticado:

  • Uso de testaferros para comprar armas legalmente
  • Intervención de gestores e instructores de tiro para facilitar trámites
  • Participación de armerías habilitadas
  • Y un dato clave: al menos 16 ex empleados del RENAR entre los involucrados

El mecanismo permitía que personas sin capacidad económica real adquirieran armas como “legítimos usuarios”, que luego eran reinsertadas en circuitos ilegales, muchas veces con numeración adulterada.

Según los investigadores, la red no solo operaba a nivel local, sino que podría tener ramificaciones internacionales, lo que eleva la gravedad del caso.

El volumen del escándalo

Los allanamientos —más de 130 procedimientos simultáneos en distintas jurisdicciones— permitieron dimensionar la magnitud de la operatoria.

Según fuentes de la investigación, se secuestraron:

  • Armas de fuego de diverso calibre: al menos 25 escopetas, 55 pistolas, 17 revólveres y 7 fusiles, además de una carabina y tres pistolones.
  • Armamento de mayor poder de fuego: se incautaron 7 ametralladoras y una granada, un dato que elevó la alarma sobre la posible inserción de este material en circuitos criminales de alta peligrosidad.
  • Municiones en gran escala: más de 40.000 unidades, correspondientes a distintos calibres, junto con 32 cargadores listos para uso.
  • Equipamiento técnico para reacondicionamiento: una máquina de recarga de municiones y dos cuñetes de pólvora, elementos que permiten prolongar la vida útil del armamento y abastecerlo sin pasar por controles oficiales.
  • Documentación y soportes administrativos: registros, formularios y dispositivos electrónicos que ahora son analizados para reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar responsabilidades.

Pero el dato que más preocupa a los investigadores excede lo secuestrado en los procedimientos: la causa ya identifica cientos de armas dentro del circuito investigado y un universo aún mayor bajo análisis, lo que sugiere que el material incautado podría ser apenas una fracción del total desviado del sistema legal.

Documentación clave

Además, la Justicia analiza un universo mucho mayor de armamento bajo sospecha, con cientos de armas potencialmente desviadas del sistema legal.

  • El sistema fue vulnerado desde adentro

El aspecto más explosivo del caso no es solo el volumen, sino el punto de origen: la red habría operado utilizando información, contactos o debilidades internas del organismo encargado de controlar las armas.

Esto abre interrogantes críticos:

  • ¿Hubo connivencia interna?
  • ¿Fallaron los controles o fueron manipulados?
  • ¿Cuánto tiempo operó la red sin ser detectada?

Responsabilidad política y conducción del organismo

El organismo involucrado depende del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La conducción directa está en manos de Juan Pablo Allan, actual titular del RENAR/ANMaC.

Del escándalo Menem a la actualidad

Durante la presidencia de Carlos Menem, Argentina protagonizó uno de los mayores escándalos de tráfico ilegal de armas de su historia reciente.

Entre 1991 y 1995, el gobierno autorizó mediante decretos la exportación de armamento a destinos como Panamá y Venezuela, pero esas armas fueron desviadas clandestinamente hacia Croacia —en plena guerra en los Balcanes— y Ecuador, pese a que sobre esos países pesaban restricciones internacionales.

El volumen fue masivo: se calcula que se exportaron unas 6.500 toneladas de armamento, incluyendo fusiles, cañones, municiones y explosivos, en violación de embargos internacionales y compromisos diplomáticos asumidos por Argentina.

La causa judicial avanzó y tuvo un hecho sin precedentes: en 2001, el propio Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario durante cinco meses, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de armas.

La investigación también involucró a altos funcionarios de su gobierno, como ministros y responsables de Fabricaciones Militares, y quedó vinculada a la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, interpretada por la Justicia como un intento de borrar pruebas del tráfico ilegal.

Aunque el proceso judicial tuvo marchas y contramarchas —con condenas posteriores que luego fueron anuladas por cuestiones procesales—, el caso dejó una marca profunda: evidenció cómo el Estado podía ser utilizado para desviar armamento del circuito legal hacia conflictos internacionales, con responsabilidad política en la cúpula del poder.