El gobierno de Axel Kicillof decidió suspender por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa que alcanzaba a más de dos millones de familias bonaerenses. La medida, que ya comenzó a regir este mes, se da en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas provinciales y reaviva tensiones dentro del peronismo.
Hasta abril, el esquema consistía en la distribución mensual de alimentos básicos como arroz, harina, aceite y leche para reforzar la asistencia en hogares vulnerables. Su interrupción impacta directamente en el sistema alimentario vinculado a escuelas públicas, donde el programa funcionaba como complemento clave.
Desde la administración bonaerense argumentaron que la decisión responde a la necesidad de reordenar las finanzas. El MESA implicaba un costo mensual de entre 28.000 y 30.000 millones de pesos, en un escenario donde la Provincia debió absorber el total del financiamiento tras la salida del aporte nacional.
El recorte abrió un frente político dentro del oficialismo. Dirigentes del PJ cuestionaron la medida y dejaron al descubierto el malestar que atraviesa al peronismo bonaerense. El senador Mario Ishii fue uno de los más duros al calificar la suspensión como “un ajuste con la comida de los pobres”, mientras que sectores cercanos a Máximo Kirchner también expresaron reparos.
Presenté un proyecto de ley para declarar la Emergencia Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires, dada la situación social de vulnerabilidad que atraviesan nuestros habitantes. #EmergenciaAlimentaria pic.twitter.com/F2KQLJ62BP
— Mario Ishii (@ishiiargentina) April 20, 2026
En paralelo, intendentes del conurbano manifestaron preocupación por el impacto social y el costo político de la decisión. Son quienes enfrentan la demanda directa en los territorios y advierten que la situación puede agravarse si no se recompone la asistencia en el corto plazo.
El conflicto también escala en la relación con la Nación. Desde la Provincia apuntan contra el gobierno de Javier Milei por haber eliminado el financiamiento del 40% del programa, lo que representaba unos 12.000 millones de pesos mensuales. En ese marco, jefes comunales responsabilizan al Ministerio de Capital Humano por el recorte de fondos.
La respuesta desde esa cartera, encabezada por Sandra Pettovello, sumó tensión política. “Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, fue el mensaje que trascendió tras un cruce con intendentes, profundizando la disputa entre Nación y Provincia.
La suspensión del MESA deja expuesto un escenario delicado: crisis fiscal, presión social y una interna peronista que vuelve a activarse en un año clave. El desafío para Kicillof será recomponer el equilibrio sin perder control político en su propio frente.