La motosierra entra en su nueva fase: menos Estado y más recorte en 2026

El gobierno de Javier Milei avanzó con un recorte inédito del empleo público que ya dejó más de 56 mil puestos menos entre la Administración Pública Nacional y las empresas estatales. El dato surge del último informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que expone la profundidad de la política de ajuste en el Estado.

Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, las empresas públicas redujeron su dotación en 18.278 empleados, mientras que los ministerios y organismos recortaron 37.972 cargos, lo que representa una caída del 18,5% en ese universo. El objetivo inicial de bajar un 10% en el corto plazo no se concretó, pero fue reconvertido con horizonte en 2026.

El plan, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, no fija una meta rígida de despidos, pero sí establece un criterio claro: eliminar áreas con funciones superpuestas o que no estén justificadas por ley. En la práctica, eso se traduce en una reducción sostenida de la estructura estatal.

Dónde pegó más fuerte el ajuste

El recorte tuvo impacto desigual según el área. Entre las empresas públicas, el mayor ajuste en términos absolutos se registró en el Correo Argentino, con casi 5.000 empleados menos. Le siguen Trenes Argentinos y Aerolíneas Argentinas, que también redujeron significativamente sus plantillas. En algunos casos, como Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, directamente se eliminó toda la estructura.

En los organismos del Estado, los recortes más profundos se dieron en áreas vinculadas a cultura, regulación y políticas sociales. El INCAA perdió más de la mitad de su personal, mientras que el Consejo de Políticas Sociales y la Junta de Seguridad en el Transporte registraron caídas cercanas al 50%. También hubo ajustes fuertes en el INAES, el ORSNA y el Fondo Nacional de las Artes.

Los ministerios tampoco quedaron al margen. Capital Humano y Economía encabezaron las bajas en términos absolutos, con más de 5.000 empleados menos cada uno. En contraste, áreas como Seguridad y Justicia mostraron incrementos, lo que refleja una reasignación de prioridades dentro del esquema estatal.

El avance de la “motosierra” empieza a generar tensiones internas. Algunos ministros reconocen que el margen para seguir recortando es cada vez más limitado sin afectar funciones clave. Aun así, la Casa Rosada mantiene el rumbo: reducir el gasto para sostener el déficit cero.

De cara a 2026, el desafío será político y operativo. Si el Gobierno busca avanzar con un nuevo recorte cercano al 10%, deberá prescindir de miles de trabajadores más en un Estado que ya fue fuertemente ajustado. La pregunta que empieza a circular puertas adentro es hasta dónde puede avanzar la poda sin empezar a resentir el funcionamiento básico de la administración pública.