El massismo salió a fijar posición frente a la nueva investigación por presuntas coimas en el sistema de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández, en un intento por contener el impacto político del caso. El eje de la causa gira en torno al funcionamiento del SIRA, un esquema clave en la administración del comercio exterior en un contexto de escasez de divisas.
El fiscal federal Franco Picardi impulsa la investigación para determinar si existieron maniobras de sobornos que habrían oscilado entre el 10% y el 15% para acceder a autorizaciones de importación. El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se encuentra bajo secreto de sumario y avanza con pedidos de informes, allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos.

Desde el espacio referenciado en Sergio Massa, el extitular de la Aduana Guillermo Michel rechazó de plano las acusaciones y recordó que ya hubo resoluciones judiciales favorables. “Hay dos investigaciones con dos sobreseimientos. Si la Justicia quiere seguir investigando, no hay inconvenientes”, afirmó, marcando una línea defensiva que busca apoyarse en antecedentes judiciales.
El SIRA, implementado en octubre de 2022, funcionaba como un filtro para autorizar importaciones y habilitar el acceso al dólar oficial. En la práctica, se convirtió en una herramienta central para administrar la escasez de reservas, pero también en un punto de conflicto político por su discrecionalidad percibida.

La investigación apunta a determinar si empresarios del sector cambiario pagaron retornos para obtener beneficios en el acceso al tipo de cambio oficial. Entre los nombres bajo análisis aparecen operadores financieros y titulares de casas de cambio, lo que amplía el alcance del caso más allá del ámbito estrictamente estatal.
En paralelo, el oficialismo libertario volvió a instalar el tema en la agenda pública. Javier Milei y otros funcionarios señalaron en reiteradas ocasiones que el sistema de importaciones del gobierno anterior estaba atravesado por prácticas irregulares, aunque hasta ahora esas denuncias no se tradujeron en presentaciones judiciales concretas por parte del Ejecutivo.
El trasfondo es político y no menor: el caso SIRA se suma a la disputa por el relato de la herencia económica y la transparencia en la gestión. Mientras el massismo intenta blindarse con fallos judiciales, el oficialismo busca sostener la presión sobre uno de los puntos más sensibles del modelo económico anterior. En ese cruce, la Justicia vuelve a quedar en el centro de la escena.