Javier Milei oficializó un decreto mediante el cual se establece el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, una iniciativa que apunta a modernizar las Fuerzas Armadas, recuperar capacidades operativas y fortalecer el sistema de defensa nacional.
La medida fue firmada en acuerdo general de ministros y ya rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión se inscribe en un contexto de cambios tecnológicos, tensiones geopolíticas y limitaciones presupuestarias que, según el Gobierno, requieren una intervención urgente para evitar un deterioro mayor en la capacidad de defensa del país.
El decreto fija como objetivo central el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades militares. La iniciativa abarca tanto la incorporación de tecnología como la mejora de los medios existentes.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo advierte que el escenario internacional actual presenta amenazas más complejas, como ciberataques, acciones asimétricas e incursiones irregulares, lo que obliga a actualizar el sistema de defensa.
También se subraya el impacto de nuevas tecnologías —como la inteligencia artificial y los sistemas automatizados— en el ámbito militar, lo que exige adaptar las capacidades de las Fuerzas Armadas para mantener una estrategia disuasiva efectiva.
Uno de los puntos clave del DNU es la creación de nuevas fuentes de financiamiento para el área de Defensa, sin modificar el esquema presupuestario general.
El decreto establece:
Estos recursos deberán utilizarse para programas de modernización, compra de equipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas.

El Gobierno aclaró que los fondos previstos en este decreto no reemplazan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por ley como herramienta de financiamiento plurianual.
En cambio, se trata de una fuente complementaria, orientada a atender necesidades de corto plazo y acelerar el proceso de modernización militar.

La norma establece que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá presentar, en un plazo de 90 días, un informe con requerimientos urgentes en materia de equipamiento, infraestructura y capacidades.
A partir de ese diagnóstico, el Ministerio de Defensa deberá definir las prioridades y ejecutar las inversiones necesarias con los recursos asignados.
En los considerandos, el Ejecutivo sostiene que el estado actual del equipamiento militar requiere “acciones urgentes” para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa.
Además, señala que la estructura presupuestaria vigente ha limitado históricamente la inversión, ya que la mayor parte de los recursos se destinan a gastos de personal y funcionamiento.
El decreto también menciona que esta situación impacta en la formación y entrenamiento del personal militar, al no contar con medios adecuados.
Otro de los argumentos centrales es el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como inundaciones o incendios forestales, donde brindan apoyo logístico, sanitario y de infraestructura.
El Gobierno sostiene que estas tareas requieren equipamiento moderno y operativo, lo que refuerza la necesidad de inversión.
Asimismo, se destaca la creciente importancia del ciberespacio como ámbito estratégico, donde pueden desarrollarse ataques a infraestructuras críticas, sistemas de comunicación y redes de comando.
La medida se alinea con definiciones previas del presidente Javier Milei, quien en su discurso del 2 de abril —en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas— planteó la necesidad de “reconstruir” las Fuerzas Armadas.
En esa ocasión, el mandatario sostuvo que existe una “deuda histórica” con el sector y anticipó que parte de los ingresos provenientes de privatizaciones serían destinados a la compra de equipamiento militar.
También remarcó que la política de defensa debe convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo, más allá de las diferencias ideológicas.