Qué reformas del Gobierno podrían destrabarse y cuáles seguirán frenadas en Diputados

El gobierno de Javier Milei recalibra su estrategia parlamentaria. Tras una primera avanzada de proyectos libertarios, el oficialismo empezó a negociar con bloques dialoguistas para evitar nuevos fracasos legislativos. El giro implica concesiones puntuales, aunque los resultados todavía son limitados.

Hoy, la iniciativa que corre con ventaja es la vinculada al refuerzo de la “propiedad privada”, un eje central del discurso oficial. En paralelo, otras reformas estructurales —como la electoral y la actualización del régimen de discapacidad— permanecen frenadas, sin siquiera haber iniciado su tratamiento en comisiones.

La reforma electoral, que incluye cambios de fondo como la posible eliminación de las PASO, aparece empantanada por falta de consensos. En tanto, el proyecto sobre discapacidad arrastra una tensión política adicional: el Congreso ya había respaldado un esquema con amplia mayoría, lo que expone una contradicción entre la agenda libertaria y decisiones legislativas previas.

En ese contexto, uno de los puntos más sensibles es el futuro del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El oficialismo evalúa eliminar o modificar el apartado que regula este esquema, que fue impulsado durante la gestión de Carolina Stanley y contó con apoyo transversal, incluso de sectores hoy enfrentados, como el espacio de Juan Grabois.

Las críticas más duras llegaron desde el propio Gobierno. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó el registro durante su exposición en el Senado, en un plenario encabezado por Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén). Su postura tensiona con la idea de “consenso” que históricamente rodeó al programa.

El Ejecutivo también impulsa una descentralización del manejo hacia provincias y municipios, bajo el argumento de que son quienes están en el territorio. Sin embargo, evita precisar qué ocurrirá con los recursos asignados, lo que genera dudas incluso entre aliados circunstanciales.

El ReNaBaP, entre el ajuste y la disputa política

El debate sumó un actor inesperado: la Iglesia. El arzobispo de La Plata, Gustavo Oscar Carrara, pidió mantener el esquema sin modificaciones y advirtió sobre su impacto social. Según detalló, el registro abarca 6.467 barrios populares donde viven cerca de cinco millones de personas.

Carrara también recordó el respaldo político amplio que tuvo la iniciativa en su origen e incluso citó la consigna del Papa Francisco “tierra, techo y trabajo”, en un mensaje que apunta directo al costo político de desarmar políticas con consenso previo.