La movida judicial de Gray para sostener el SMN y blindar su continuidad técnica

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentará este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuestionar el proceso de desarticulación del organismo impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La presentación judicial apunta directamente contra el DNU 274/2026, que establece un plazo de 180 días para reconfigurar el organismo. Según Gray, la medida no solo afecta a 140 trabajadores ya desvinculados, sino que pone en riesgo la continuidad operativa de un área estratégica.

El jefe comunal solicitará “el resguardo de la indemnidad funcional” y la normalización de la “continuidad” del SMN, al que definió como uno de los organismos con mayor prestigio técnico del país. En su planteo, advierte que los recortes responden a la política de ajuste en áreas clave promovida por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

Desde el propio organismo, en tanto, alertan que la aplicación plena del decreto podría implicar el cierre de estaciones meteorológicas en todo el país y la pérdida de hasta mil puestos de trabajo. El dato amplifica el conflicto: no se trata solo de despidos puntuales, sino de un rediseño estructural con impacto nacional.

Gray sostiene que el decreto es inconstitucional, al haber sido dictado durante sesiones ordinarias del Congreso y sin que existiera una situación de necesidad y urgencia. En esa línea, apunta a una posible violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional, uno de los límites formales al uso de DNU.

La ofensiva judicial también expone una tensión política más amplia: el avance del Ejecutivo sobre organismos técnicos y la resistencia de sectores territoriales que advierten sobre el costo operativo y social de esos cambios.

Un organismo clave bajo revisión y con impacto directo

El SMN cumple un rol central en la prevención y monitoreo de fenómenos climáticos que afectan actividades sensibles como el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Su eventual desmantelamiento, advierten especialistas, podría debilitar la capacidad de respuesta ante emergencias.

En ese marco, Gray remarcó que se trata de un servicio público “esencial” vinculado al derecho a la vida y a la integridad de las personas. El planteo judicial buscará, en definitiva, abrir un freno institucional a una de las reformas menos visibles pero más sensibles del actual proceso de ajuste estatal.