Casa Rosada
04/05/2026 - Edición Nº1182
Política
Control oficial
Sin examen, sin sueldo: Córdoba activó una sanción dura para funcionarios
04/05/2026 | La Provincia formalizó la medida en el Boletín Oficial. Alcanzará a cargos jerárquicos y prevé sanciones económicas por incumplimiento.
Córdoba condiciona el pago de salarios al cumplimiento del narcotest obligatorio para funcionarios públicos.
El Gobierno de Córdoba avanzó con una medida de alto impacto político y administrativo: suspenderá el pago de salarios a los funcionarios que no cumplan con el narcotest obligatorio. La decisión quedó formalizada este lunes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial.
La normativa, firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, establece que las áreas de recursos humanos deberán informar a la Secretaría de Capital Humano sobre los incumplimientos. Ese paso administrativo activará automáticamente la suspensión de haberes hasta que el funcionario regularice su situación.
El esquema se apoya en la Ley N° 10.954 y su decreto reglamentario, que obligan a presentar anualmente un certificado negativo de consumo de drogas ilegales. La exigencia alcanza a un amplio universo de cargos: desde el gobernador y vicegobernador hasta ministros, legisladores, asesores y autoridades con rangos equivalentes.
La medida incorpora además un punto sensible: en casos de resultados positivos, los organismos deberán reportarlo a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que evaluará los pasos a seguir. Esto introduce una dimensión sanitaria en una política que, hasta ahora, se presentaba principalmente como un control de idoneidad funcional.
El endurecimiento del mecanismo —con sanción directa sobre el salario— busca garantizar cumplimiento efectivo, pero también abre interrogantes sobre su implementación. En particular, sobre los criterios de control, la confidencialidad de los datos y el margen de discrecionalidad administrativa.
En términos políticos, la decisión se inscribe en una lógica de mayor control sobre la función pública, en línea con discursos de transparencia y ejemplaridad. Sin embargo, también puede generar tensiones con sectores que advierten sobre posibles vulneraciones a derechos individuales.
Quiénes están alcanzados y cómo se aplicará la medida
La obligación rige para funcionarios de máxima jerarquía y cuadros medios de la administración provincial, incluyendo cargos electivos y designaciones políticas. El control será anual y deberá acreditarse mediante certificación médica oficial.
El punto más relevante es operativo: la suspensión del salario no requiere instancia judicial previa, sino que se activa por vía administrativa. Esto acelera la aplicación, pero también concentra el poder de decisión dentro del propio Ejecutivo, un aspecto que probablemente genere debate en las próximas semanas.
