Aguinaldo en riesgo en 70 municipios de PBA: qué medida apura la UCR

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó este lunes en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para autorizar la libre disponibilidad del 100% de los recursos destinados a los municipios. La iniciativa busca modificar la normativa del Fondo de Fortalecimiento Municipal para que el 30% de los recursos, actualmente atados a programas de infraestructura y cultura, pueda utilizarse en el pago de salarios y servicios esenciales. Los legisladores tomaron esta medida ante el desplome de la coparticipación federal y la imposibilidad de muchos distritos de afrontar sus compromisos financieros inmediatos.

La propuesta legislativa responde a una presión creciente de más de 70 intendentes de diversos signos políticos que advierten sobre un inminente default del aguinaldo el próximo 20 de junio. El pedido unificado de alcaldes radicales, del PRO, peronistas y vecinalistas llegó hasta la Gobernación en La Plata para exigir que los fondos dejen de ser una "traba burocrática". La crisis fiscal en los distritos se profundizó luego de que el primer cuatrimestre del año cerrara con una pérdida real de 1,39 billones de pesos en transferencias nacionales para el conjunto de las provincias.

Proyecto UCR para liberar el 30% de los fondos "atrapados"

El bloque de la Unión Cívica Radical, presidido por la saladillense Alejandra Lordén e integrado por Valentín Miranda y Priscila Minnaard, formalizó la presentación de un proyecto de ley para modificar el destino del Fondo de Fortalecimiento Municipal. La intención central de la bancada es que el 30% de los recursos que hoy dependen de proyectos específicos sean de libre disponibilidad. Esta medida permitiría que el dinero sirva como ayuda directa para que los municipios cubran sus gastos corrientes en lugar de quedar inmovilizado por requisitos de obras.

Fuentes del bloque señalaron que la decisión surgió del diálogo con el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun. “Decidimos tomar cartas en el asunto. No podemos crear trabas burocráticas para nuestros intendentes, que son el primer mostrador de cara al vecino. Como representantes de todos ellos, tenemos la obligación de darles soluciones, no problemas. Vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto salga adelante”, manifestaron los legisladores. El texto ahora busca adhesiones en otras fuerzas para avanzar en ambas cámaras.

Quiebre interno: la resistencia del abadismo al plan de los intendentes

La iniciativa de libre disponibilidad generó una nueva grieta dentro del radicalismo bonaerense. El bloque de diputados que conduce Diego Garciarena, alineado con el sector del senador nacional Maximiliano Abad, manifestó su rechazo a la propuesta impulsada por sus propios intendentes. Garciarena y Alejandro Rabinovich (PRO), ambos miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento, prefirieron mantener el esquema actual de control sobre los fondos.

Este enfrentamiento interno escaló tras la renovación de autoridades del Foro de Intendentes Radicales en abril, donde Maximiliano Suescun recibió el apoyo de más de 20 jefes comunales para continuar en la conducción. El sector del abadismo intentó desplazar a Suescun de ese rol, pero el respaldo del bloque de Lordén y Miranda frustró esa intención. La disputa dejó en evidencia la tensión entre la "rosca" legislativa en La Plata y las urgencias financieras que enfrentan los intendentes en el territorio.

Default del aguinaldo: la pérdida de 1,39 billones de pesos

Un informe de la consultora Politikón Chaco detalló que las provincias argentinas perdieron 1,39 billones de pesos en transferencias de coparticipación federal durante el primer cuatrimestre de 2026. En abril, la caída real interanual alcanzó el 3,3%, marcando el cuarto mes consecutivo de derrumbe en los ingresos automáticos. En la Provincia de Buenos Aires, la coparticipación bruta cayó 94.963 millones de pesos solo en el primer bimestre, reduciendo el margen de maniobra de los intendentes.

Ante este escenario, cerca de 70 municipios bonaerenses informaron que se encuentran con los números en rojo y fijaron el 20 de junio como fecha límite para garantizar el pago del medio aguinaldo. “Muchos ni siquiera saben cómo van a hacer para pagar los aguinaldos”, advirtió uno de los jefes comunales precursores del proyecto de ley. La caída en la cobrabilidad de las tasas municipales y el aumento de la demanda social completaron un cuadro de asfixia financiera inédito.

El cartel de Pettovello y el reclamo por $220.000 millones

La crisis municipal llegó a la Ciudad de Buenos Aires el pasado 29 de abril, cuando 70 intendentes y funcionarios provinciales se movilizaron al Ministerio de Capital Humano. La comitiva, encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó por una deuda de 220.000 millones de pesos vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Sin embargo, la ministra Sandra Pettovello no los recibió y blindó el acceso al edificio con efectivos de la Policía Federal.

En lugar de una audiencia, los intendentes encontraron un cartel en la puerta del ministerio con una fuerte chicana política: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben”. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, calificó el episodio como una "falta de respeto". El conflicto alimentario se agravó luego de que la Provincia cortara los fondos del programa MESA debido a la falta de giros desde la Nación.

Carlos Bianco: la pelota ahora está en la Legislatura

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió a las demandas de los municipios aclarando que el Poder Ejecutivo no puede modificar una ley votada por la Legislatura. Bianco reconoció que el reclamo por el 100% de libre disponibilidad es justo ante la gravedad de la situación, pero sostuvo que la solución depende exclusivamente de una reforma legislativa. "Nosotros solo aplicamos lo que se votó: 70% de fondos de libre disponibilidad y 30% atados a proyectos específicos", explicó el funcionario.

Desde la Gobernación recordaron que la propuesta original de Axel Kicillof contemplaba que la totalidad del fondo se repartiera mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) sin destinos atados. Según esta versión, fueron los propios legisladores de la oposición quienes exigieron en diciembre que el 30% quedara vinculado a programas específicos de los ministerios de Infraestructura, Transporte y Cultura para tener mayor control político sobre el gasto.

La Bicameral fantasma y la parálisis del Senado bonaerense

El 30% de los fondos municipales permanece inmovilizado debido a que la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control aún no se conformó. Aunque la Cámara de Diputados bonaerense ya designó a sus siete representantes (Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli, Mayra Mendoza, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich), el Senado todavía no nominó a sus cinco miembros. La parálisis en la Cámara alta impide que el órgano de control sesione y habilite los recursos para los distritos.

Esta situación generó que el dinero para obras de infraestructura y programas culturales quede atrapado en lo que algunos intendentes definieron como un "engendro" legislativo. Ante la demora, legisladores de la oposición presentaron pedidos formales para activar la comisión de manera urgente. El diseño de la ley 15.561 otorga a la Bicameral la facultad de validar los proyectos que presentan los municipios, pero sin su funcionamiento, la ejecución del 30% del presupuesto municipal sigue bloqueada.

Cumbre de Chascomús: el nacimiento de una alianza transversal

El origen del bloque unido de intendentes se remonta al 4 de febrero, cuando 16 jefes comunales se reunieron en Chascomús. El anfitrión Javier Gastón propuso entonces la creación del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), un espacio diseñado para articular políticas regionales por fuera de la grieta partidaria. El foro incluyó originalmente a representantes del peronismo, el radicalismo y el PRO de municipios con menos de 50.000 habitantes.

Aquel encuentro contó con la participación de autoridades provinciales y representantes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), sentando las bases para una gestión conjunta de recursos financieros. Lo que comenzó como un intercambio de miradas sobre planificación urbana y ambiente se transformó, ante la profundidad de la crisis económica, en el actual frente de presión transversal que hoy exige a la Legislatura bonaerense la libre disponibilidad total de los fondos para garantizar la estabilidad institucional de sus pueblos.

TM