La Constitución de Ecuador y Vaca Muerta cruzan el debate ambiental en la región

La entrevista a Sandra Baquedano vuelve visible una discusión que durante años quedó encerrada en la academia: qué lugar ocupan los animales, los ecosistemas y la compasión en sociedades que todavía miden la naturaleza casi siempre por su utilidad. La filósofa ambiental chilena, autora de La naturaleza encasillada, cuestiona los hábitos mentales que separan al ser humano del resto de los seres vivos. El punto no es solo moral, sino cultural, porque obliga a revisar cómo América Latina habla de progreso, consumo y daño ambiental.

En Chile, el planteo llega cuando la agenda ecológica ya no depende únicamente de partidos verdes ni de campañas de activismo juvenil. La sequía, los incendios, la presión urbana y los conflictos por recursos naturales hicieron que el ambiente dejara de ser un tema periférico. Baquedano introduce allí una palabra menos frecuente en el debate público: compasión. No como sentimentalismo, sino como categoría ética para preguntar hasta dónde llega la responsabilidad humana frente a otros seres capaces de sufrir.

Chile 

Del debate cultural al costo económico

El espejo regional más claro está en Ecuador, donde la discusión sobre la naturaleza pasó de la filosofía y el activismo a la arquitectura institucional. La Constitución ecuatoriana reconoció derechos de la naturaleza y el caso Yasuní mostró la consecuencia concreta de esa idea: una sociedad puede decidir proteger un ecosistema aun cuando haya petróleo debajo. El problema aparece cuando esa decisión entra en contacto con presupuestos, divisas y empleo. La ética ambiental deja de ser abstracta cuando toca la caja del Estado.

El bloque Yasuní-ITT fue presentado durante años como una frontera entre conservación y extractivismo. Su producción fue estimada en torno de 50.000 barriles diarios, y autoridades ecuatorianas calcularon que abandonar esa explotación podía implicar una pérdida cercana a US$1.200 millones anuales. Esa cifra no invalida la protección ambiental, pero impide tratarla como si fuera gratuita. En América Latina, donde muchas economías dependen de recursos naturales, cada avance regulatorio necesita una cuenta fiscal, energética y social tan seria como la causa que defiende.

Baquedano instala en Chile una ética ambiental que también interpela a Argentina, en 2026.

La pregunta argentina

Para Argentina, el debate no es lejano. Vaca Muerta concentra expectativas de exportaciones, dólares, infraestructura y alivio externo, justo cuando la economía necesita energía para reducir importaciones y generar superávit. Por eso, la reflexión que nace en Chile y encuentra un espejo en Ecuador termina golpeando una puerta argentina: cómo construir una política ambiental que no sea negación productiva ni licencia para destruir. El dilema real no es ambiente contra economía, sino mala política contra transición inteligente.

El caso Yasuní muestra cuánto cuesta llevar la compasión ambiental al Estado en Latam hoy.

La izquierda regional suele convertir estas discusiones en consignas de reparación histórica, pero el caso ecuatoriano muestra el límite de esa comodidad: cuando el Estado promete proteger todo sin explicar quién paga, el costo aparece después en inversión, ingresos o déficit. Baquedano aporta una pregunta valiosa porque evita el economicismo puro; el Yasuní suma una advertencia porque muestra el precio de decidir. En Argentina, el desafío es tomar ambas lecciones sin caer en épica extractivista ni en prohibicionismo fiscalmente irresponsable.