Rita Segato volvió a ocupar el centro del debate latinoamericano desde Bogotá, donde una intervención pública y una entrevista posterior reabrieron una discusión que excede al feminismo académico. La antropóloga argentina habló del mandato de masculinidad, de la violencia como forma de poder y de los límites de los gobiernos progresistas cuando el discurso igualitario entra en contacto con el Estado. El punto sensible no fue solo cultural: fue político, institucional y económico, porque la desigualdad que describe también organiza el uso del tiempo, el presupuesto público y la vida cotidiana de millones de mujeres.
La frase más potente de Segato apuntó a los varones: tienen que burlarse del mandato de la masculinidad. La idea no propone una consigna superficial, sino una ruptura con el prestigio social de la dureza, el dominio y la obediencia entre pares masculinos. En Colombia, ese planteo tuvo un contexto preciso: violencia sexual, poder territorial, promesas progresistas y expectativas incumplidas dentro de un gobierno que convirtió la igualdad en parte de su identidad pública. La pregunta de fondo es cuánto cambia una administración cuando conserva viejas jerarquías bajo lenguaje nuevo.
En Bogotá, el paso de Segato no quedó reducido a una conferencia cultural. Su participación en la Biblioteca Luis Ángel Arango reunió a más de 300 personas y se proyectó hacia otras ciudades mediante sedes del Banco de la República, un dato que muestra el alcance regional de una discusión que suele quedar encerrada en círculos militantes o universitarios. También hubo una reunión técnica con la Jurisdicción Especial para la Paz sobre violencia sexual y de género, lo que conectó su pensamiento con causas concretas del conflicto colombiano. La teoría, en este caso, tocó expedientes, víctimas y burocracias estatales.
El espejo más incómodo aparece en México, bajo Claudia Sheinbaum, porque allí el feminismo institucional convive con cifras que obligan a salir del gesto simbólico. INEGI estimó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó 23,9% del PIB mexicano en 2024, con las mujeres aportando la mayor parte de ese valor. A la vez, el presupuesto etiquetado para igualdad supera los 599.000 millones de pesos mexicanos, aunque análisis especializados advierten que una parte relevante se concentra en programas generales o asistenciales. Para una gestión de izquierda, el riesgo es evidente: declarar prioridad social sin alterar la arquitectura real del gasto.

Argentina entra en esta discusión por una vía directa: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado fue estimado oficialmente en 15,9% del PBI, una magnitud superior a sectores tradicionales de la economía. Ese dato convierte el debate de Segato en un problema de productividad, empleo, pobreza y autonomía económica, no solo en una disputa de lenguaje. Si las mujeres absorben la mayor carga de cuidados, también quedan más expuestas a empleos informales, trayectorias laborales interrumpidas y dependencia de ingresos ajenos. La masculinidad como mandato termina funcionando como una regla económica invisible.

El cierre regional deja una advertencia para Argentina en 2026: no alcanza con importar consignas ni con celebrar liderazgos progresistas si la política pública no muestra resultados medibles en seguridad, cuidados, ingresos y tiempo disponible. Segato ordena el diagnóstico, Colombia ofrece el escenario político y México aporta el número que vuelve material la discusión. En un país con presión fiscal, salarios deteriorados y hogares exigidos, el punto argentino debería ser más concreto: menos épica ideológica y más eficacia sobre el costo cotidiano de cuidar, trabajar y vivir. Ahí se mide si el discurso transforma algo o solo administra su propia retórica.