El contratista Matías Tabar declaró en la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá. Ante la revelación de pagos "en negro" y sin factura, el diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, formalizó el pedido para remover al funcionario mediante una moción de censura. La fiscalía ya cuenta con videos de las obras que incluyen una pileta con cascada y porcelanatos de lujo que el salario oficial no permite explicar.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta desde este lunes un escenario de extrema debilidad institucional tras conocerse detalles de su última declaración ante los tribunales de Comodoro Py. Matías Tabar, el contratista responsable de las reformas en la vivienda familiar del funcionario en Exaltación de la Cruz, aseguró bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita que recibió pagos millonarios en moneda extranjera y de forma manual. Esta información dinamitó la estrategia de defensa del Ejecutivo, que intentaba encapsular la investigación por enriquecimiento ilícito como un "ataque mediático" sin sustento probatorio.
La presión se trasladó de inmediato al Congreso de la Nación, donde los bloques opositores unificaron posturas para exigir una rendición de cuentas definitiva sobre el origen de los fondos. El volumen de gastos registrados en apenas un año, sumado a las omisiones en las declaraciones juradas del exvocero, motivó el inicio de un proceso administrativo para activar la moción de censura. Mientras el oficialismo intenta sostener la imagen de austeridad, los documentos aportados por los testigos muestran un nivel de vida que choca de frente con los ingresos declarados por el entorno del Presidente.
Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, prestó declaración testimonial este lunes durante tres horas y aportó material que complica la situación procesal de Manuel Adorni. El testigo afirmó que el jefe de Gabinete pagó un total de 245.000 dólares por las refacciones de su casa de 400 metros cuadrados en el country Indio Cuá. Según consta en el acta judicial, el dinero fue entregado "en mano" por el propio funcionario y las operaciones se realizaron sin que mediara factura alguna por el trabajo profesional.

El contratista entregó a la fiscalía un desglose minucioso de las obras que incluyeron la colocación de pisos de porcelanato, muebles de cocina de alta gama, cerramientos de PVC y un gran quincho. Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la construcción de una pileta de natación revestida en mosaico travertino con una cascada artificial en el jardín. El presupuesto inicial rondaba los 94.000 dólares, pero las mejoras adicionales y la compra de mobiliario nuevo elevaron la cifra final a un monto que duplica el valor de compra de la propiedad misma.
Tras conocerse el testimonio de Tabar, el diputado nacional Esteban Paulón formalizó en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación urgente al ministro coordinador. El legislador del bloque Provincias Unidas reclamó avanzar con el mecanismo constitucional de la moción de censura para remover a Adorni de su cargo. "NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES. Ante las nuevas revelaciones en la causa por enriquecimiento ilícito, insto a los diputados a avanzar en la remoción por moción de censura", expresó el diputado santafesino.
NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026
Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY
El núcleo de la controversia legislativa radica en la brecha entre el salario del jefe de Gabinete, que percibía 3,5 millones de pesos brutos hasta su reciente aumento a 7 millones, y sus compromisos financieros. Según la presentación de Paulón, las inversiones y gastos detectados superan los 800.000 dólares, una cifra imposible de cubrir con ahorros de un empleado público. El peronismo y bloques de centro ya comenzaron a tantear los 129 votos necesarios para abrir el recinto y forzar la salida del funcionario, alegando mal desempeño y falta de idoneidad.
Manuel Adorni reapareció este lunes al mediodía en la Casa Rosada para inaugurar un nuevo protocolo de acreditaciones tras once días de cierre de la sala de periodistas. Durante el intercambio con la prensa acreditada, el funcionario eludió sistemáticamente las consultas sobre el crecimiento de su patrimonio y se amparó en el proceso judicial. "Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más, las daré en el único ámbito competente que es la Justicia", reiteró secamente ante las preguntas de los cronistas.

El funcionario justificó las restricciones al trabajo periodístico como una medida de "seguridad nacional" debido a filtraciones de imágenes de sectores públicos de la sede gubernamental. Sin embargo, durante la conferencia omitió dar detalles sobre la casa en Indio Cuá, propiedad que su esposa, Bettina Angeletti, registró a su nombre el 15 de noviembre de 2024. Adorni sostuvo que su declaración jurada se presentará "en tiempo y forma" y defendió el uso de custodia oficial para su familia, argumentando que su entorno es víctima de hechos de espionaje.
Este fin de semana se conoció una nueva inconsistencia en los egresos de la familia Adorni referida a un viaje realizado a fines de junio de 2024. Los registros confirmaron que el entonces vocero gastó más de 9.000.000 de pesos en una estancia familiar en San Carlos de Bariloche. La familia se alojó en la exclusiva ala Moreno del hotel Llao-Llao, un sector de super lujo donde las tarifas oscilan entre los 700 y los 1.550 dólares por noche, un costo destinado únicamente a sectores de alto poder adquisitivo.

La auditoría de este viaje reveló que el grupo destinó 4,9 millones de pesos solo al alojamiento y otros 2,5 millones en servicios adicionales como peluquería exclusiva, excursiones y comidas. Un dato que despertó sospechas en la justicia federal fue la demora en el pago: los Adorni abandonaron el hotel sin cancelar la cuenta y abonaron la factura recién cuatro meses después. Esta modalidad de pago diferido, poco habitual en establecimientos de esa categoría, es investigada para determinar si existió un beneficio indebido o una gestión irregular de los costos.
El pasado 29 de abril, Adorni asistió a la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión número 145 en un clima de extrema tensión. Aunque el documento abarcó más de 1.900 páginas y respondió 2.151 preguntas de diversos bloques, el jefe de Gabinete evitó precisar el origen de los dólares en efectivo utilizados en sus transacciones inmobiliarias. Los legisladores de Unión por la Patria cuestionaron duramente que la propiedad en Indio Cuá no fuera incluida en la presentación oficial ante la Oficina Anticorrupción realizada el 4 de agosto de 2025.
Durante aquella sesión, los diputados también acosaron al funcionario por el viaje de su esposa a Nueva York en clase business y el uso de aviones oficiales para traslados privados. Adorni respondió que el Estado nacional "no registra costos" por sus periplos personales y aseguró que afrontó los pagos con recursos propios. No obstante, las preguntas sobre cómo su cónyuge aumentó significativamente su facturación desde que él asumió en la función pública quedaron sin respuesta, alimentando las sospechas de los bloques que hoy impulsan su destitución.
La investigación que encabezan el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo consolidó pruebas sobre la arquitectura financiera que utilizó el matrimonio Adorni para adquirir bienes. En lugar de recurrir al sistema bancario formal, el funcionario financió la compra de su departamento en Caballito y la casa en el country mediante préstamos de particulares. La Justicia identificó a dos mujeres de la Policía Federal que prestaron 100.000 dólares el mismo día de la escrituración de la casa en Exaltación de la Cruz, operando una hipoteca sobre otra propiedad del vocero.

Además, Adorni debe devolver antes de noviembre de este año unos 335.000 dólares a un grupo de acreedores que incluye a dos jubiladas y al hijo de una de ellas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) analiza por estas horas si estas deudas fueron registradas legalmente y si los intereses pactados coinciden con los valores de mercado. El paralelismo con causas históricas de enriquecimiento ilícito, como la de María Julia Alsogaray, sobrevuela los pasillos de los tribunales de Retiro ante la falta de comprobantes que respalden el flujo de efectivo del jefe de ministros.
TM