El Poder Ejecutivo nacional oficializó el Decreto 322/2026, mediante el cual habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer, enajenar y/o transferir una serie de inmuebles considerados “innecesarios” para la gestión pública.
La medida forma parte de la estrategia oficial orientada a reducir costos, generar ingresos fiscales y promover actividad económica.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, alcanza a 21 propiedades distribuidas en distintas provincias, muchas de ellas vinculadas al sistema ferroviario.
El artículo central de la norma autoriza a la AABE, con aval previo del Poder Ejecutivo, a avanzar con la venta, transferencia o disposición de los inmuebles detallados en el anexo oficial.
Según el texto, el Estado ya desafectó estos bienes de su uso original, lo que implica que dejaron de tener función pública o utilidad operativa.
El decreto sostiene que la decisión responde a la necesidad de “eficientizar el rol del Estado”. En ese sentido, se plantean tres objetivos principales:
Además, el Gobierno argumenta que estos activos presentan falta de uso, subutilización o directamente estado de innecesariedad, detectado a través de auditorías realizadas por la AABE.

La AABE tiene entre sus funciones:
En este caso, el organismo verificó que las propiedades incluidas en el decreto no cumplen funciones estratégicas y, en varios casos, estaban vinculadas a infraestructura ferroviaria en desuso.
El anexo oficial identifica 21 inmuebles ubicados en distintas provincias, con predominio de terrenos ferroviarios. Entre los principales casos relevados se destacan:
Provincia de Buenos Aires
Otras provincias
En total, los inmuebles presentan superficies muy diversas, desde pequeños lotes urbanos de 3.000 m² hasta grandes extensiones de cientos de miles o millones de metros cuadrados.

Un dato clave del anexo es que una parte significativa de los terrenos proviene de infraestructura ferroviaria desafectada, en línea con lo previsto por la Ley 26.352.
Esto incluye cuadros de estación, sectores de vías fuera de operación y fracciones ferroviarias sin uso específico.
El Gobierno considera que estos activos, hoy ociosos, pueden reconvertirse en proyectos inmobiliarios, productivos o de desarrollo urbano.
Según la normativa vigente, la desafectación supone:
Este paso es clave, ya que permite legalmente avanzar con la enajenación de activos estatales.