Qué incluye la ofensiva contra Lugones y por qué preocupa a miles de familias

La disputa por la política de discapacidad escaló en el Congreso. Diputados de la oposición volvieron a impulsar el juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de denuncias por recortes en prestaciones, pensiones y servicios esenciales.

El eje fue una reunión abierta organizada por el legislador Juan Marino (Unión por la Patria), vicepresidente de la comisión de Discapacidad, que reunió a más de 150 referentes del sector. El encuentro se dio en paralelo a la decisión del oficialismo de mantener cerrada la comisión, un dato que tensiona aún más el debate.

Durante la jornada se repitieron testimonios sobre el deterioro del sistema: cierres de centros de día, interrupción de terapias y dificultades para acceder a medicamentos. Marino fue el más duro en el diagnóstico y habló de una “eutanasia social” impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una frase que marcó el tono político del encuentro.

El reclamo por el juicio político no es nuevo, pero ganó volumen con la participación de organizaciones, actores públicos y familias afectadas. Entre ellos estuvo Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista, cuya madre denunció agresiones y amenazas tras una polémica en redes con la diputada Lilia Lemoine, sumando un capítulo sensible al conflicto.

El trasfondo es un cambio estructural en el sistema. El Gobierno impulsa una reforma del régimen de pensiones por invalidez que incluye un reempadronamiento obligatorio en plazos acotados y criterios más estrictos para acceder al beneficio. La medida apunta a reducir el gasto, pero genera temor por una posible exclusión masiva.

Además, la iniciativa propone incompatibilidades más duras —como la imposibilidad de trabajar formalmente y cobrar la pensión— y avanza hacia una liberalización de precios en las prestaciones, lo que podría afectar la cobertura de servicios.

Entre el ajuste fiscal y el reclamo por derechos

Desde el oficialismo argumentan que el sistema actual creció de forma desproporcionada —multiplicándose por 16 desde 2003— y que existen irregularidades que justifican una revisión. Sin embargo, la oposición advierte que el ajuste puede desmantelar un esquema de protección clave para sectores vulnerables.

En ese contexto, también surgió la propuesta de crear un Observatorio Nacional de la Discapacidad que permita monitorear la situación con datos concretos. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y expone una de las tensiones más sensibles del programa económico: hasta dónde avanzar con el recorte sin afectar derechos básicos.