05/05/2026 - Edición Nº1183

Política

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Los furiosos posteos anti-K de Matías Tabar, el contratista que hundió a Adorni

05/05/2026 | El contratista aseguró que Adorni le pagó en efectivo y sin facturación un total de 245.000 dólares por refacciones en su vivienda.



La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó en las últimas horas un capítulo inesperado: el análisis del perfil en redes sociales del contratista Matías Tabar, cuya declaración como testigo complicó la situación del funcionario.

Mientras sectores libertarios intentaron instalar que Tabar tendría afinidad con el kirchnerismo y que su testimonio respondería a una “operación política”, una revisión de su actividad pública en Facebook muestra un posicionamiento ideológico marcadamente opuesto.

Un perfil en redes fuertemente anti-K

Lejos de la narrativa que circuló en redes sociales, los posteos de Tabar evidencian un discurso crítico —y en muchos casos furiosamente hostil— hacia el kirchnerismo y el peronismo.

En su cuenta personal, el contratista publicó contenidos con cuestionamientos a figuras centrales como Cristina Kirchner, Florencia Kirchner y también referencias negativas hacia Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Las críticas también alcanzaron a dirigentes sindicales y políticos como Roberto Baradel, Hugo Moyano y Jorge Capitanich.

Incluso figuras populares como Diego Maradona fueron blanco de sus posteos críticos, en una línea discursiva coherente con un perfil ideológico anti-K y antiperonista.

El dato que alimentó la polémica: apoyo a un candidato del Frente de Todos

Sin embargo, dentro de ese historial aparece un elemento que generó confusión y fue utilizado para cuestionar su credibilidad: Tabar realizó publicaciones en 2019 pidiendo el voto para Diego Nanni, quien resultó reelecto por el Frente de Todos en Exaltación de la Cruz. Tabar fue proveedor del municipio y su hermano, Tomás, fue funcionario en el área de Obras Públicas.

Este apoyo puntual, que no coincide con el resto de sus posicionamientos públicos, fue utilizado por usuarios libertarios para sostener que existiría un trasfondo político en su declaración.

No obstante, el conjunto de sus publicaciones muestra mayoritariamente una línea crítica hacia el kirchnerismo, lo que relativiza la hipótesis de una militancia orgánica en ese espacio.

La declaración que complica a Adorni

El foco de la causa judicial sigue siendo el testimonio de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

El contratista aseguró que Adorni le pagó en efectivo y sin facturación un total de 245.000 dólares por refacciones en su vivienda del country Indio Cuá, donde el funcionario adquirió una propiedad junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Según detalló, las obras incluyeron trabajos en pisos, baño, cocina, quincho, pileta y la construcción de una cascada en el jardín, y se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

El intento de contacto previo a la declaración

Otro punto sensible que surgió en las últimas horas es el intento de contacto previo a la declaración. Tabar exhibió mensajes de WhatsApp en los que Adorni le solicitaba hablar antes de presentarse ante la Justicia.

De acuerdo a su testimonio, el jefe de Gabinete le ofreció asistencia o la posibilidad de que su equipo lo ayudara en relación a su declaración. “Necesitaba hablar con él”, habría planteado el funcionario.

Tabar explicó que inicialmente evaluó la propuesta, pero luego decidió rechazarla tras recibir asesoramiento, para evitar que se interpretara como una coordinación de versiones.

Investigación patrimonial en curso

La causa busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos detectados, tanto en la compra de la propiedad como en las refacciones.

Según los datos incorporados al expediente, el funcionario había declarado ingresos mensuales de $3.500.000 hasta el año pasado, cifra que luego ascendió a $7.000.000. Sin embargo, los movimientos bajo análisis —incluyendo pagos en dólares y otras operaciones— superarían ampliamente esos montos.

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentran pedidos de informes a registros de la propiedad, movimientos financieros y datos sobre vehículos, con el objetivo de reconstruir su evolución patrimonial.

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